La marcha realizada por la CGT el 22 de agosto sigue dejando estela.
Primero, Mauricio Macri resolvió remover a dos funcionarios de buena llegada al sector sindical. El mismo martes de la movilización, el presidente desplazó al viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor, y Luis Scervino, superintendente de Servicios de Salud.
Ahora, el gobierno nacional analiza la forma legal de hacer públicas las declaraciones juradas patrimoniales de los sindicalistas.
Más allá de que la gestión de Macri encuentre alguna alternativa para publicar los ingresos de los secretarios generales de los sindicatos y la iniciativa prospere, los gremios ya se manifestaron en contra. Denuncian que es una forma de presión.
“Esto es ridículo, las personas con cargos sindicales no tienen por qué ser publicitadas. Si quieren publicar nuestras declaraciones juradas, también deberían hacerlo los titulares de las asociaciones empresarias“, apuntó Eduardo Berrozpe, secretario de Prensa de La Bancaria, en diálogo con Diario Vivo.
El secretario general del gremio de empleados bancarios, Sergio Palazzo, sostuvo más temprano que “si Macri sólo lo quiere hacer con dirigentes gremiales, es nada más que un apriete berreta”.
La CGT convocó al Comité Nacional Confederal para el 25 de septiembre. Los sectores más enfrentados al gobierno quieren que ese día se ponga fecha a un paro general.
Por su parte, el gobierno arremete con decisiones que buscan acorralar a los sindicalistas, siempre sospechados de enriquecerse con negocios paralelos al sindicato y las obras sociales que dirigen.
De Hugo Moyano, secretario general de la Federación de Camioneros, se dice que, entre otras, es dueño de la empresa de correo privado OCA y que intervine en el negocio de la recolección de residuos.
José Pedraza, ex titular de la Unión Ferroviaria, está condenado y detenido como instigador del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra.
Juan José Zanola, ex secretario general de la Asociación Bancaria, está procesado en la causa conocida como “mafia de los medicamentos” por la supuesta adulteración de drogas destinadas pacientes oncológicos.
Luis Barrionuevo, recordado por su famosa expresión “hay que dejar de robar por dos años”, fue vinculado, entre otros, al negocio de los sanatorios privados, con acciones en el Güemes.
