Los diputados nacionales Victoria Donda, de Libres del Sur, y Horacio Pietragalla, del Frente para la Victoria-PJ, y la legisladora porteña Myriam Bregman, del Partido de los Trabajadores Socialistas, denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Esquel Guido Otranto, que fue el primero en hacerse cargo de la causa por la muerte de Santiago Maldonado.
Los legisladores cuestionaron el desempeño del magistrado en la etapa inicial de la investigación, por la desaparición del joven de 28 años.
Su cuerpo fue encontrado, ahogado, en el río Chubut, a la altura de la localidad de Cushamen, en la comunidad mapuche Resistencia Cushamen, 78 días después de haber desaparecido.
Otranto fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presunto “mal desempeño de sus funciones” y pidieron su juicio político.
Los diputados firmantes aseguraron que la actuación de Otranto en el expediente caratulado como “desaparición forzada” estuvo “teñida de parcialidad” y señalaron que eso “limitó el acceso a la verdad” en la primera etapa del proceso, crucial para establecer el paradero del joven artesano.
“Desde que decidió el primer desalojo en cercanías del paraje Leleque, cuando el artesano aún estaba con vida (…) estuvo teñida de parcialidad y limitó el acceso a la verdad”, apuntaron Donda, Pietragalla y Bergman.
El juez fue apartado de la causa y reemplazado por Gustavo Lleral, que fue quien ordenó las pesquisas en las que se dio con el cuerpo de Maldonado.
Como es de rigor, ahora, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, encabezada por el diputado Pablo Tonelli (PRO), deberá analizar la presentación y, si evalúa que corresponde, sortear entre sus miembros quién se ocupará de la instrucción del expediente.
Según los diputados, Otranto “interrumpió abruptamente y sin motivos” la mesa de diálogo que se había iniciado y el 10 de enero de 2017 ordenó “un desalojo, a cargo de Gendarmería Nacional, en conjunto con la Policía Provincial de Chubut, que culminó en una cacería humana”.
“Dicho operativo fue llevado a cabo, entre otros, por Emmanuel Echazú, quien luego sería imputado por la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado”, agregaron e indicaron que la denuncia a Gendarmería por ese operativo recayó en el juzgado de Otranto, “quien delegó la instrucción a la fiscal federal Silvina Ávila, cuya secretaria letrada resulta ser ni más ni menos que la esposa”.
Afirmaron que luego, el 31 de julio, Otranto “encomendó al Escuadrón 35 de Gendarmería un nuevo desalojo, esta vez de la ruta nacional 40”, en donde se vio por última vez a Maldonado con vida. “Comienza otra serie de conductas plagadas de arbitrariedad por parte del magistrado”, concluyeron los diputados en la presentación.
(Con información de Télam)
