La ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández se presentó a la citación a indagatoria realizada por el juez federal en lo Criminal y Corrección Nº 7, Sebastián Casanello, en la causa denominada “la ruta del dinero K”, que investiga una red de lavado de activos y tiene como principal procesado al empresario Lázaro Báez.
A través de un escrito, la ex mandataria aseguró que desconoce “por completo” las supuestas maniobras de lavado de activos por las que está acusado el dueño de Austral Construcciones y que “jamás” tuvo cuentas bancarias no declaradas, “ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona”.
En la presentación, Cristina Fernández empezó por acusar a los jueces Martín Irurzun y Marriano Llorens, de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, de hacer lugar a “un pedido expreso” del Poder Ejecutivo.
“Esta citación reúne características por demás particulares. Concretamente, se trata de una medida dispuesta directamente por los jueces de Cámara Martín Irurzun y Mariano Llorens, en la resolución dictada el día 31 de agosto del corriente año, haciendo lugar a un pedido expreso efectuado por el Poder Ejecutivo de la Nación a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), conducida, por decisión del presidente Mauricio Macri, por el Dr. Mariano Federici, ex asesor letrado del Fondo Monetario Internacional”, sostuvo la ex mandataria, que apeló la resolución y recusó a los camaristas “por carecer de toda imparcialidad frente al caso”.
Cristina Fernández fue citada a indagatoria por Casanello luego de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional instara al magistrado de instrucción a definir la situación procesal de la ex mandataria en la causa iniciada en 2013, denominada “Lázaro Báez y otros sobre encubrimiento”.
“Una vez más, me encuentro frente a jueces que carecen del atributo básico para ejercer la jurisdicción y desarrollan en mi contra lo que se denomina un `proceso ofensivo´”, apuntó, en el escrito presentado ante Casanello.
Cristina Fernández acusó a la UIF y a la Oficina Anticorrupción -“esta última a cargo de la no abogado Laura Alonso”, chicaneó- de “forzar” las decisiones de la Justicia.
“Se me cita a prestar declaración indagatoria sin que exista ningún estado de sospecha sobra la comisión de algún delito que me pueda ser atribuido”, sostuvo.
“En cualquier procedimiento judicial normal, la aventura procesal del Poder Ejecutivo de tratar de meterme por la fuerza en este expediente hubiera quedado definitivamente abortada. Sin embargo, en estas actuaciones pasó todo lo contrario”, resumió la senadora y ex mandataria.
Finalmente, Cristina Fernández rechazó las acusaciones sobre las que la Cámara Federal “ha hablado genéricamente”, como coautora de las maniobras para expatriar y reintroducir al país unos 60 millones de dólares de origen ilícito, “por las que se encuentra enjuiciado Lázaro Báez”.
“No sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”, aseguró la ex mandataria. “Jamás tuve cuentas bancarias no declaradas, ya sea sola, con Lázaro Báez o con cualquier otra persona. Todos los activos de nuestra familia están y seguirán estando en la República Argentina y siempre fueron incorporados a nuestras declaraciones juradas impositivas, así como también a las que presentamos en nuestro carácter de funcionarios públicos. Además, por toda nuestra actividad siempre hemos pagado puntualmente los impuestos correspondientes”, afirmó.
Cristina Fernández negó ser cliente de “La Rosadita” y pidió que la Justicia investigue al presidente, Mauricio Macri, y su familia.
“La familia Kirchner jamás se manejó con la constitución de sociedades offshore en paraísos fiscales o en cualquier otro lugar. La prueba más evidente de ello es que en ninguna de las reconocidas investigaciones llevadas a cabo a nivel mundial (Panamá Papers y Paradise Papers), ni la suscripta ni ningún miembro de mi familia han sido siquiera mencionados de manera directa o indirecta”, apuntó. “Tales investigaciones fueron minimizadas en la Argentina o directamente ocultadas por la prensa autodenominada independiente inmediatamente después de que apareciera el apellido Macri, entre muchos otros funcionarios de su gobierno”, agregó.
“Por otro lado debo destacar que jamás fui cliente de “La Rosadita” (SGI) -que tanto alboroto mediático ocasionó-, como sí lo fue, según se consta, la empresa IECSA, por entonces conducida por Ángelo Calcaterra”, indicó la ex mandataria. “En síntesis, si de lo que se trata es de investigar a quienes fugaron dinero del país, hace mucho que esta causa debió haber tenido un cambio de carátula: en lugar de “La ruta del dinero K” debió ser denominada “La ruta del dinero M”, ironizó en el escrito presentado ante Casanello.
