La lectura del dispositiva del fallo se dio a conocer poco antes de las 22 en el Salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales ubicado en pleno centro de la capital jujeña ante una sala colmada de familiares y personal de prensa local y nacional.
El debate que inició el 24 de julio del 2018 tuvo más de 50 audiencias en las que declararon 105 testigos y acumuló más de 20.000 fojas, convirtiéndose en una de las primeras causas de defraudación al Estado impulsadas por denuncia del gobierno jujeño en funciones.
En este juicio se investigó a 30 acusados por asociación ilícita, fraude a la administración y extorsión, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, acusados de defraudar al Estado en unos 60 millones de pesos cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales y núcleos húmedos en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Palpalá y San Pedro.
De acuerdo a la sentencia emitida por el Tribunal Oral en lo Criminal 3, unos 15 imputados deberán cumplir penas de entre 2 a 8 años de prisión, mientras que 13 acusados, entre ellos dos ex funcionarios municipales, fueron absueltos.
Fueron condenadas a ocho años de prisión la diputada provincial oficialista Mabel Balconte y la concejal de la ciudad de San Pedro Marcía Sagardía, por quienes además se solicitó sus respectivos desafueros.
Las juezas también requirieron ocho años de prisión los imputados Graciela López, Javier Nieva, María Condorí y Adriana Condorí por encontrarlos responsables de los delitos fraude a la administración pública y como integrantes de la asociación ilícita.
Por otra parte, fueron condenados a siete años de prisión Patricia Cabana, Iván Altamirano y Miguel Ángel Sivila, quienes conformaron la cooperativa “Pibes Villeros” por fraude a la administración pública, al tiempo que se solicitó su inmediata detención pese a que llegaron al proceso en libertad y la sentencia aún no está firme.
Asimismo, recibieron la pena de seis años de prisión Mirtha Aizama, Gladis Díaz y Mirta “Shakira” Guerrero, tras ser acusadas de ser integrantes de asociación ilícita y fraude a la administración pública.
Además condenaron con tres años de prisión a Lucio Abregú, ex titular del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) y a Raúl Noro (esposo de Milagro Sala) como integrantes de asociación ilícita, mientras que Pablo Tolosa recibió dos años de prisión por fraude a la administración pública, todos en ejecución condicional.
Los trece imputados restantes fueron absueltos de esta causa, en su mayoría beneficiados por el beneficio de la duda.
El TOC 3 rechazó una decena de pedidos de nulidades emitidas por diversos abogados defensores al tiempo que hizo lugar al pedido de los representantes de Ministerio Público de la Acusación en relación al decomiso de bienes para algunos de los imputados.
La audiencia final, que debía comenzar las 9, se suspendió hasta la tarde debido a que el imputado Raúl Aguilera –hijo de la diputada Mabel Balconte- fue detenido en la provincia de Formosa por una causa de tráfico de estupefacientes y tuvo que ser trasladado hasta la capital jujeña.
En ese momento la líder de la organización Tupac Amaru ingresó al recinto y, dirigiéndose a los medios de comunicación presentes, cargó contra el gobernador jujeño, Gerardo Morales, al indicar que le tiene “miedo para competir políticamente” y que por ello “quieren condenarla”.
“Si Gerardo Morales es un señor que me dé la libertad y compitamos mano a mano por la Gobernación”, sostuvo Sala, que ya había adelantado sus intenciones de postularse al cargo, a pesar de estar en prisión.
Tras el fallo, los abogados de Sala aclararon que la detención domiciliaria de la dirigente en su domicilio del barrio Cuyaya, de la capital provincial, no cambiará, porque aún no está firme.
Los letrados agregaron que este miércoles se cumplirán tres años de detención de la dirigente social, con prisión preventiva, por distintas causas.
“Los que asistieron a este debate vieron que no hay pruebas suficientes para acusar a Milagro Sala, solo se refirieron a fotocopias y no a pruebas, los hechos no tienen fechas y por ende vamos a esperar los fundamentos para impugnar”, sostuvo Matías Duarte, abogado de Sala, quien opinó que la pena “tiene un condimento político”.
