La Cámara Federal porteña confirmó la intervención de las empresas Hotesur S.A., Valle Mitre S.A e Idea S.A., dispuestas por el juez Julián Ercolini en el marco de la causa en la que Cristina Fernández está acusada de encabezar una asociación ilícita para direccionar las licitaciones de obras públicas a empresas vinculadas a la familia Kirchner.
“Se advierte que el elenco de medidas decretadas por el a quo conforman un entramado apropiado y eficaz para resguardar los intereses que se procuran tutelar, en tanto implican un control apto sobre la actuación societaria, a la vez que paralizan toda actividad que pueda erosionar su patrimonio”, sostuvo el tribunal integrado por los camaristas Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia, al defender la decisión de Ercolini.
La Cámara Federal consideró que existe “un temor grave y fundado de que algunas de las metas del proceso puedan verse frustradas” durante el tiempo que en que se sustancia la investigación.
Ercolini dispuso la designación de veedores en esas firmas, “encomendándoles la tarea de fiscalización, determinar el estado de los bienes que poseen las empresas en cuestión y los pormenores de los negocios y actividades que aquéllas realicen”.
El juez también encargó que velen por “la conservación del activo y cuidar que los bienes que posean no sufran deterioro o menoscabo, comprobar entradas y gastos y toda irregularidad que adviertan en la administración”.
El magistrado ordenó a los veedoras que informen, “de inmediato, si se verifica la extracción por parte de los socios de dinero como crédito con la sociedad y/o adelantos o retiros de caja chica”.
Las defensas del empresario Lázaro Báez y de la familia Kirchner habían apelado la medida de Ercolini, que no permite distribuir los dividendos de las empresas.
La firma Hotesur, que administra hoteles en El Calafate y otros destinos turísticos de la Patagonia, es objeto de varias investigaciones y su sede ubicada en Lavalle 975, de Capital Federal, fue allanada en varias causas.
(Con información de DyN)
