La Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional confirmó al juez Sebastián Casanello al frente de la causa por lavado de activos que tiene a Lázaro Báez como principal procesado.
El tribunal integrado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah revocó la declaración de incompetencia dispuesta por el titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 7. Los camaristas ordenaron que el juez Casanello concluya la instrucción y que eleve la causa a juicio, “etapa en la que podrán unirse las distintas investigaciones conexas”.
El magistrado había declarado su incompetencia al considerar que la causa a su cargo debía unificarse con los expedientes que investigan el origen de los fondos blanqueados (“Hotesur” y “Los Sauces”).
En otro punto de su resolución, la Cámara Federal ordenó a Casanello que “decida sin más” si corresponde hacer lugar al pedido de indagatoria a Cristina Fernández, requerido por el fiscal y las querellas.
“Resuelve revocar la declaración parcial de incompetencia dispuesta a favor del Juzgado Federal N° 10 por conexidad con las causas CFP 15734/2008 y 5048/2016,
debiendo continuar el Sr. Juez con el trámite de la totalidad de la presente causa y decidir, sin más, la procedencia o el rechazo de las declaraciones indagatorias
solicitadas por los acusadores”, establece el último punto de la resolución de la Sala II de la Cámara Federal.
Los camaristas también resolvieron confirmar los procesamientos y embargos a Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez; Leonardo Fariña y Federico Elaskar, entre más de veinte imputados.
La Cámara Federal decidió, además, mantener la prisión preventiva para el dueño de Austral Construcciones; el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín, procesados por lavados de activos.
La Justicia consideró que hay pruebas para sospechar de que los procesados montaron una estructura de sociedades y cuentas bancarias en el exterior para la fuga y el blanqueo de al menos 60 millones de dólares. También habrían adquirido bienes por el equivalente a 186 millones de dólares.
Según la investigación, el dinero provenía de fondos públicos desviados, a través de licitaciones irregulares, a las empresas de Báez, entre 2003 y 2015.
La Cámara Federal consideró que el modus operandi está suficientemente probado en el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández, del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros ex funcionarios.
La causa por lavado de activos contra Báez y los demás procesados se inició en 2013, a partir de una la declaración que hicieron Fariña y Elaskar al programa de televisión “Periodismo para todos”, en la que revelaron que trasladaban y expatriaban dinero no declarado del dueño de Austral Construcciones.
