El Consejo de la Magistratura decidió remitir a la Corte Suprema un oficio para que explique el “sentido y alcance” de la acordada 4/2018, por la cual inhabilitó al Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 9 y ordenó que se vuelvan a sortear los juicios que tenía asignados, entre ellos dos de los que involucran a la ex presidente Cristina Fernández.
El 15 de marzo último, el Máximo Tribunal inhabilitó al TOF Nº 9 para intervenir en causas federales, por considerar que no cuenta con el trámite de habilitación que debe otorgar la Corte Suprema.
De esta manera, la causa por lavado de activos, que tiene como principal procesado a Lázaro Báez, y las de “encubrimiento en el caso AMIA” y asociación ilícita en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz, que tienen a la senadora Cristina Fernández como involucrado, volvieron a ser sorteadas para ser elevadas a juicio oral y público.
El diputado nacional de la UCR y presidente del bloque de Cambiemos Mario Negri es uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura que, en el plenario extraordinario de hoy, se opuso a la decisión de la Corte Suprema. Según Negri, la Ley 27.307, de Fortalecimiento de los Tribunales Orales, en virtud de la cual se transformó al Tribunal Oral Criminal Nº 10 en TOF Nº 9, “no fue declarada inconstitucional”. “Fue votada por amplia mayoría en ambas cámaras, lo cual la reviste de una gran legitimidad. Una acordada de la Corte no puede hablar de la inconstitucionalidad de una ley”, sostuvo. “No me gustaría que rectifiquemos nuestros propios actos”, concluyó.
Finalmente y tras un cuarto intermedio, el plenario del Consejo de la Magistratura consensuó requerir al Máximo tribunal que explicite su criterio para inhabilitar a los tribunales transformados por el cuerpo.
El único miembro del Consejo de la Magistratura que se opuso fue el diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade, que denunció que “hace dos años se vienen armando tribunales especiales para juzgar a la ex presidente”.
(Con información de Télam)
