El fiscal ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, apeló con duras críticas el sobresemiento de cuatro de los acusados por los incidentes producidos en la primera marcha por Santiago Maldonado, del 1 de septiembre pasado, en Plaza de Mayo.
El fiscal instó al Congreso Nacional a que sancione nuevas normas para impedir un “festival de liberaciones de aquellos que muy pronto volverán a agredir a la sociedad y a tratar de conmover el Estado de derecho“.
La apelación fue presentada ante la Cámara Federal de Casación y alude a una “caravana delictiva que pretenden vendernos como una simple marcha para oponerse a ideas o decisiones políticas”.
“Los hechos que acabamos de ilustrar han recobrado hoy dolorosa actualidad. Las dos vergonzosas jornadas vividas en las inmediaciones del Congreso de la Nación el 14 y 18 de diciembre, en ocasión del debate parlamentario por la reforma previsional, evidencia un patrón común”, sostuvo el dictamen de Moldes, que consideró que hubo un “disciplinado accionar de una militancia organizada”. “La única forma de evitar que esto suceda es diseñando nuevas leyes, lo que corresponde a otros poderes del Estado“, instó.
Los sobreseimientos por los delitos de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad” fueron dictados por la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional y beneficiaron a Ezequiel Medone, Juan Mourenza, Paola Monterio y Carlos Ardila Guerra. Los cuatro fueron capturados tras la manifestación del 1 de septiembre y declararon ser trabajadores de prensa, pero para el fiscal, mintieron sobre su condición.
Moldes consideró en su dictamen que hubo “inobservancia de la ley sustantiva y adjetiva”.
En la marcha por Maldonado del 1 de septiembre, a un mes de su desaparición del joven y cuando todavía no se había encontrado su cuerpo, hubo 14 policías heridos y daños calculados por 5 millones de pesos. “Los criminales llevaban consigo cinceles y martillos, dos varillas de hierro de 12 centímetros, dos bulones, tres picos de botella”, precisó Moldes.
Moldes cuestionó cuatro de los 22 procesamientos revocados por la Sala II de la Cámara Federal, que habían sido dictados por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
En los cuatro casos apelados, los procesados declararon ser periodistas de “Antena Negra”, un miembro de ATE y otra de un centro cultural feminista.
El fiscal sostuvo que los cuatro habrían simulado su condición de trabajadores de prensa, que se intercambiaron vestimenta y que en alguno de los casos aparecen en imágenes fílmicas de la división Ciberpatrullaje de la Superintendencia de Delitos Tecnológicos de la Policía. “Les tocó asistir disfrazados de fotógrafos, pero la mascarada resultó de muy baja calidad. Tal vez en la próxima, les toque el papel de Arlequín, Colombina o El Zorro”, ironizó el fiscal.
“Esta caravana delictiva, que pretenden vendernos como una simple marcha para oponerse a ideas o decisiones políticas, es, ni más ni menos, que lo que ya demasiadas veces vimos, una hueste violenta y peligrosa de sujetos pendencieros y agresivos organizados, encapuchados y blandiendo armas caseras o palos, que se desplazan a voluntad por zonas aledañas a edificios públicos emblemáticos, agrediendo a todo lo que se les oponga, especialmente si se trata de agentes de las fuerzas de seguridad”, apuntó el fiscal.
Moldes reclamó al Congreso “normas que no den margen para que algunos malos jueces enrolados en la dañina doctrina del garantismo, que no es más que el abolicionismo del derecho penal presentado y servido con edulcorante, conviertan esas leyes en papel mojado y continúen con el festival de liberaciones de aquellos que muy pronto volverán a agredir a la sociedad y a tratar de conmover el Estado de derecho”.
LA FAMILIA MALDONADO PIDIÓ QUE SE ANULE EL TESTIMONIO DEL “TESTIGO E”
La familia de Santiago Maldonado pidió la nulidad de la declaración de Lucas Naiman Pilquiman, el llamado “testigo E”, “sin que demos entidad a lo dicho o a lo callado”. El reclamo está fundado en que no fueron “debidamente notificados”, por lo que no pudieron llegar a la audiencia.
Ayer trascendió que el juez federal de Rawson Gustavo Lleral le tomó declaración a Pilquiman el lunes 19 de diciembre y desdijo parte del testimonio que había dado a Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Esta audiencia fue notificada a las partes día 18 de diciembre de 2017 a las 23, resultándonos imposible concurrir a dicha audiencia, como también a las otras querellas”, apuntó la familia Maldonado en un comunicado difundido en la página web santiagomaldonado.com.
La comunicación aclara que la abogada Verónica Heredia pidió, a través de un mensaje de Whatsapp, la suspensión hasta el día siguiente de la declaración “a fin de poder estar presente en la misma”. “Nunca fue contestado”, denunció la familia.
“Creemos que esta desacertada actuación procesal violenta el estándar de diligencia debida que hemos exigido como víctimas. El camino hacia la Verdad y la Justicia debe edificarse en hechos concretos y lo sucedido nos llena de incertidumbre y profundiza la angustia. Sentimos que nosotros hacemos todo lo humanamente posible para saber la verdad y lograr justicia por Santiago y nada alcanza”, concluyó el comunicado.
(Con información de Télam)
