El ex ministro de Planificación Julio De Vido fue citado a indagatoria para el 28 de noviembre próximo por el juez federal Luis Rodríguez en la causa de Río Turbio y le prohibió la salida del país, informaron hoy fuentes judiciales. Además de De Vido, otras 36 personas fueron citadas a declarar. En la causa se investiga si se malversaron casi 265 millones de pesos que debían destinarse a la reactivación de la mina de carbón de Río Turbio, se informó hoy oficialmente.
En su resolución, Rodríguez señaló que “se obtuvo copiosa documentación” y “se logró desentrañar el modo en que llegaron a ser contratados” los implicados en las irregularidades en el manejo de fondos públicos vinculados a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Entre los sospechados se encuentra el ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión de Planificación, Roberto Baratta y el ex secretario de Minería, Jorge Mayoral.
La causa se inició en abril del año pasado, a partir de la denuncia realizada por el ex Coordinador General de YCRT Miguel Ángel Larregina y la ex responsable de la Delegación Buenos Aires de YCRT María Nilda Pérez. Los denunciantes revelaron una trama de irregularidades en las contrataciones que se habrían desarrollado en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal para la puesta en valor del ramal ferro industrial Eva Perón, material rodante e infraestructura complementaria, “materializados mediante convenios celebrados con la Universidad Tecnológica Nacional -y esta con la Fundación de la Universidad Tecnológica Nacional y la Fundación Facultad Regional Santa Cruz”.
En la denuncia, Larregina y Pérez acusaron a De Vido y a los otros implicados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación.
Según el actual interventor de YCRT, Omar Faruk Zeidan, durante la gestión de De Vido se dio un “calamitoso estado de abandono” de las estructuras del yacimiento, y de los servicios ferroportuarios. Para Zeidan, las maniobras ocurridas en el seno del Ministerio de Planificación tuvieron “como designio fundamental el vaciamiento y apropiación de los recursos y bienes del Estado destinados al funcionamiento de Yacimiento”.
De acuerdo a la resolución judicial, a través de la Fundación “se habrían canalizado una inmensa cantidad de compras y contrataciones supuestamente “imprescindibles” para las necesidades de la unidad empresaria”, cuyos montos superarían los tres mil millones de pesos.
“Las pruebas reunidas por este Tribunal han permitido corroborar -con el grado de probabilidad que esta etapa procesal exige- que los contratos celebrados no respondieron a la realidad económica de las relaciones entre las partes, y habrían sido los instrumentos utilizados por los imputados para obtener fraudulentamente recursos del Estado Nacional”, subrayó Rodríguez.
Por esta misma causa, el fiscal Carlos Stornelli había pedido el desafuero y detención de De Vido, que hoy es diputado. El legislador kirchnerista deberá presentarse en la Justicia el próximo 28 de noviembre. También se le prohibió la salida del país, al igual que los otros imputados.
Entre otros medidas de prueba, ahora Rodríguez le solicitó a la AFIP información impositiva y aduanera de De Vido y los 36 imputados, ordenó allanamientos e implementó el secreto de sumario.
De Vido, además, empezará a ser juzgado el 27 de septiembre por la tragedia ferroviaria de Once.
(Con información de DyN)
