El diputado y ex ministro de Planificación Julio De Vido termina el año con malas noticias: el recurso planteado por su defensa para lograr su excarcelación fue rechazado por la Sala II de la Cámara Federal. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Leopoldo Bruglia ratificaron el procesamiento de De Vido con prisión preventiva, por irregularidades en la administración de los fondos asignados a Yacimientos Carboníferos de Río Turbio.
“La libertad del imputado puede implicar un real obstáculo al cabal esclarecimiento de la maniobra y sus completos alcances”, afirmó el camarista Martín Irurzun al rechazar un pedido por la libertad de De Vido, en una postura que compartió el juez Leopoldo Bruglia y en la que votó en disidencia Eduardo Farah.
De Vido está procesado por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y pesa sobre su patrimonio un embargo de 250 millones de pesos.
La hipótesis principal de la causa gira en torno a supuestas malversaciones de caudales, negociaciones incompatibles y defraudación de los fondos de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con Terminales en Punta Loyola y Río Gallegos de la Provincia de Santa Cruz.
Además, el Estado Nacional pagó un “sobrecosto injustificado” en comisiones fijadas en los convenios, señalaron los camaristas.
De esta manera, el diputado nacional sin uso de fueros seguirá preso en la cárcel de Marcos Paz y a su defensa le quedará recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal.
Para los jueces Irurzun y Bruglia la investigación a cargo del juez federal Luis Rodríguez “se encuentra en pleno y constante avance” con “múltiples medidas directamente enfocadas al quehacer ilícito que se reprocha” a De Vido.
Para Bruglia, los riesgos procesales de fuga o entorpecimiento de la investigación “se mantienen incólumes e impiden la soltura” de De Vido.
LAS CAUSAS DE DE VIDO
De Vido fue detenido en esta causa tras el desafuero parlamentario y luego quedó además procesado con prisión preventiva en otra pesquisa por la compra de buques de gas licuado.
Además, es juzgado por la tragedia del tren de Once y está procesado en la causa por fraude en la obra pública en Santa Cruz. También se lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito.
