El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucional la resolución 956 del Ministerio de Seguridad, por la que desde ayer rige un nuevo protocolo, más flexible, para el uso de armas, por parte de las fuerzas federales.
Tras la resolución judicial, en nuevo reglamento no podrá aplicarse en la Ciudad de Buenos Aires.
El magistrado hizo lugar a un pedido de nulidad presentado por la legisladora porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad, junto con la abogada María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (CORREPI), y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.
“Esta resolución llega después de días críticos, el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza y la represión a conflictos gremiales como SIAM”, sostuvo Bregman.
Gallardo ordenó notificar su decisión al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, y a su par en el ámbito nacional, Patricia Bullrich.
Si bien la discutida resolución del Ministerio de Seguridad alcanza a las fuerzas federales, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estaría analizando su adhesión, mientras que en la provincia que conduce María Eugenia Vidal descartan, por ahora, avanzar en ese sentido.
Según Bregman, el nuevo reglamento “se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”, por lo que reclamaron a la Justicia, en carácter de “urgente”, que se dicte una medida cautelar y se suspenda la resolución, “ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad”.
Según la presentación, la medida del Ministerio de Seguridad “afecta el derecho a la vida y a la integridad física de las personas, garantizado en el ordenamiento constitucional y en el ordenamiento internacional”. “Resultan infinitos los supuestos concretos de situaciones que podrían generarse en los cuales resulte afectada la vida y la integridad física de las personas”, señala.
Bullrich fue denunciada ayer ante la Justicia Federal por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos. La presentación la hizo el ex juez Carlos Rozansky.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, sostuvo que el juez Gallardo decidió sobre una cuestión que no es “de su competencia”. “Llama la atención la sentencia de Gallardo, pero es un juez que tiene la tendencia a avanzar sobre cosas que no son de su competencia”, advirtió, en declaraciones a la prensa.
