Según trascendió, entre los denunciados están Angelo Calcaterra (Iecsa), Carlos Wagner (Esuco), Héctor Zavaleta (Techint), Javier Sánchez Caballero (Iecsa), Juan de Goycoechea (Isolux), además de Aldo Roggio, Jorge Guillermo Neira (Electroingeniería) y Armando Loson (Grupo Albanesi).
En la denuncia, el legislador por la capital apunta contra los empresarios por los presuntos delitos de evasión fiscal y lavado de activos.
Solanas advierte que estos empresarios “se acogieron a la figura del arrepentido, en razón de supuestamente haber entregado diversas sumas de dinero por varios millones de dólares a funcionarios del Estado Nacional, durante los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner“.
Y remarca en su denuncia que “las sumas entregadas corresponden a posibles sobreprecios en la realización de distintas obras públicas realizadas desde los años 2003 hasta el 2015, y con el objeto de ser beneficiarios de las mismas en las correspondientes licitaciones, o eventualmente contrataciones directas que se habrían realizado”.
Si bien los empresarios declararon ante Bonadio en el marco de la figura del arrepentido, Solanas advierte en su denuncia que todavía se los debe investigar por el origen de los fondos que admitieron haber entregado a funcionarios públicos.
“Existe una cuestión obvia, que surge del arrepentimiento de los denunciados, y es, que el dinero que entregaron a los distintos funcionarios no podía ser declarado por las empresas que dirigían, por tratarse de dinero que iba a ser utilizado en fines ilícitos”, advirtió el senador.
Señaló que esa maniobra se puede haber hecho de tres formas: con dinero que fue lavado y proviene de actividades ilegales, con fondos de las empresas que no fueron debidamente declarados o bien con facturas apócrifas.