El viernes ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto del Poder Ejecutivo para controlar y transparentar los fondos de campaña.
La iniciativa fue elaborada por la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que dirige Adrián Pérez, y tomó impulso en la última semana, luego de las denuncias sobre “aportantes truchos” en la campaña bonaerense para las elecciones legislativas del año pasado.
El proyecto plantea modificaciones a la Ley 26.215, además de cambios puntuales al Código Nacional Electoral y a la Ley Orgánica de la Justicia Nacional Electoral.
Uno de los aspectos principales es el que establece la bancarización de los aportes y la legitimación de las contribuciones de empresas, con un tope.
“No deben aportar porque genera compromiso”, consideró la presidenta del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, que calificó el proyecto como “muy malo”.
La diputada nacional consideró la presentación de la iniciativa como una maniobra para “resolver el problema que tiene Cambiemos en la Justicia”.
“Es lavado de dinero, tema en el que son expertos”, denunció Camaño, en declaraciones al diario Clarín.
Según el portal Parlamentario, la oposición sugerirá crear un fondo común para aportes privados, que luego se reparta entre todos los partidos.
Pablo Kosiner, jefe del interbloque de diputados Argentina Federal, advirtió: “darle preeminencia al financiamiento privado puede ser peligroso”.
