El juez federal Claudio Bonadio elevó hoy a juicio oral y público la causa en la que la actual senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández está procesada por encubrimiento en el atentado a la AMIA.
También serán sometidos a juicio el ex canciller Héctor Timerman; el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini; el dirigente del partido MILES Luis D´Elía; el diputado nacional del Frente para la Victoria Andrés “Cuervo” Larroque; el ex líder de Quebracho Fernando Esteche; el representante de la Embajada de Irán en Argentina, Yussuf Khalil y los ex funcionarios Oscar Parrilli, Angelina Abbona y Juan Pablo Mena. En total, son doce los acusados.
La causa se inició a raíz de la denuncia presentada por el fiscal a cargo de la UFI AMIA Alberto Nisman en enero de 2015, cuatro días antes de aparecer muerto en su departamento del Puerto Madero.
En una resolución de 29 carillas, el juez entendió que todos deben ser juzgados por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional”, aunque advirtió que será el Tribunal el que establezca si pudieron cometerse delitos más graves, como traición a la Patria.
Si bien la denuncia fue archivada en 2015 por el juez federal Daniel Rafecas y la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, la Cámara de Casación Penal ordenó iniciar la investigación en diciembre de 2016.
Un año y dos meses después, Bonadio resolvió elevar la causa a juicio oral. La denuncia acusa a los implicados de llevar a cabo “plan delictivo”, que tuvo su momento culminante con la firma de Memorándum con Irán en 2013, para “dotar de impunidad” a los imputados iraníes en la causa que investiga el atentado a la AMIA, prófugos desde 2007.
Bonadio hoy por cerrada la investigación y la envió a la Cámara Federal para que sortee el Tribunal Oral que llevará a cabo el juicio.
En su resolución, de 29 carillas, el magistrado acusó a los doce procesados de “encubrimiento agravado, abuso de autoridad y estorbo de un acto funcional”. De todas formas, dejó abierto al Tribunal Oral que establezca durante el proceso si son imputables delitos más graves, como traición a la Patria.
“Abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados”, apuntó Bonadio en la resolución de elevación a juicio.
“Participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede de la AMIA y lograr normalizar las relaciones entre ambos Estados”, sostuvo.
Como parte del cuerpo probatorio para su acusación, Bonadio enumeró las reuniones previas a la firma del Memorándum de Entendimiento, el 27 de enero de 2013 en Etiopía, y sostuvo que el documento “fue el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Elisabet Fernández, al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación, como la única herramienta útil, posible y necesaria para avanzar en el curso de la causa AMIA”.
“En verdad se procuraba la normalización de las relaciones con la República Islámica de Irán, favorecer a los acusados de nacionalidad iraní, en desmedro de la justicia, las víctimas y el castigo de los imputados y dejando de lado que a este Estado se le imputa haber perpetrado dos actos de guerra (1992 y 1994) en el territorio de la República Argentina”, afirmó Bonadio.
Se trata del tercer juicio que suma Cristina Fernández entre las causas que la tienen implicada. La primera es por defraudación a la administración pública en la venta de “dólar futuro” sobre el final de su mandato, también a cargo de Bonadio. La segunda es por asociación ilícita, para dirreccionar los contratos de obra pública en Santa Cruz en favor de los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
En caso de recibir una condena de cumplimiento efectivo, Cristina Fernández podrá quedar detenida cuando concluya su baca en el Senado, en diciembre de 2023, y quede sin efecto sus fueros parlamentarios.
