Los jefes de Estado y de gobierno de la Argentina y otros 15 países que participaron en Lima de la octava Cumbre de las Américas emitieron hoy una declaración conjunta en la que denunciaron “la persistente situación de quiebre del orden constitucional en Venezuela” y manifestaron su preocupación por “el agravamiento de la crisis política, económica, social y humanitaria” en la nación caribeña.
Los firmantes formularon “un urgente llamado al gobierno venezolano para que lleve a cabo elecciones presidenciales con las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático, sin presos políticos”.
Reclamaron que ese proceso electoral “incluya la participación de todos los actores políticos venezolanos” y ratificaron que “unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de legitimidad y credibilidad”.
Advirtieron que continuarán “impulsando, especialmente en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA), acciones e iniciativas que contribuyan a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho” en Venezuela.
Reiteraron el “apoyo” a la Asamblea Nacional (parlamento) venezolana y anunciaron que “considerarán nuevas medidas que contribuyan al pleno respeto de sus facultades constitucionales en materia económica y financiera”.
Asimismo, exhortaron a “los organismos especializados, agencias, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas y de la OEA” a “implementar de manera inmediata un programa de asistencia humanitaria para aliviar la situación de sufrimiento y escasez que padece el pueblo de Venezuela”.
Paralelamente, llamaron nuevamente al gobierno venezolano a que “permita el ingreso y la distribución de la ayuda humanitaria que mitigue los graves efectos del desabastecimiento, especialmente de alimentos y medicinas”.
Por otra parte, expresaron su “profunda preocupación” por “el creciente éxodo de ciudadanos venezolanos” y reclamaron a “la comunidad internacional” apoyo para “contribuir al restablecimiento de la democracia” y “la recuperación económica” en Venezuela.
