Poco o ningún diálogo. Y, en su lugar, un arsenal de psicofármacos. Ese es el tratamiento de que tienen las personas presas en la Argentina que padezcan algún tipo de problema de salud mental.
A esta conclusión llegó la Procuración Penitenciara de la Nación, en un informe sobre buenas prácticas de salud mental en contextos de encierro. El organismo detectó prácticas que se alejan de un abordaje adecuado de estas cuestiones.
Entre las situaciones que detalla el informe, se destaca el suministro de fármacos sin control, la aplicación de sedantes a mujeres que por algún motivo protestan y, a modo de castigo, son trasladadas al pabellón de Emergencias psiquiátricas; dificultades en el funcionamiento de los grupos que tratan las adicciones y la desarticulación del Programa de prevención de suicidios. En situaciones de suicidio, revela el estudio, en muchos casos el único tratamiento solo estuvo enfocado en “calmar” a la persona presa.
La PPN también señala situaciones en las que personas no idóneo suministra medicamentos o decide internacionales. El documento indica, en este sentido, que se produjo una disminución del personal calificado en prácticas de salud mental (psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales). “Existe una dificultad para programar y cubrir las guardias, pero sobre todo resulta altamente problemático que las mismas no se encuentren en manos de personas implicadas con la lógica del tratamiento, lo cual agrega vulneración al derecho a la salud mental”, señala el informe.
La PPN detectó también formas de “contención” física. “En enfermería relevamos que las medidas de sujeción son realizadas con cintas de cinturón de seguridad de automóviles”, se lee en el informe.
Estas condiciones se suman a las condiciones edilicias en las cárceles y, en particular, detalla el organismo, en los consultorios médicos. Los traslados de los presos también representan otra problemática, porque ante esta situación suelen interrumpirse los tratamientos, resalta la PPN.
Entre las recomendaciones que hace el organismo dependiente del Ministerio Público, se encuentra un cambio en la estrategia que suministra fármacos a presos como una forma de “acallar” los efectos “subjetivos” del encierro y la ampliación de los cupos de los dispositivos destinados a tratar las adicciones.
