El diputado kirchnerista y ex ministro de Planificación Julio De Vido lanzó hoy sospechas de coimas sobre la empresa constructora IECSA, que perteneció a la familia del presidente Mauricio Macri, mientras la dirigente oficialista Graciela Ocaña acusó a la Justicia de “negarse” a investigar el caso de corrupción de Odebrecht.
De Vido, cuya indagatoria en las pesquisas relacionadas con supuesta corrupción en obras gasíferas pidió recientemente el fiscal Federico Delgado, sostuvo que “sería muy bueno que un fiscal analice los precios de las ampliaciones de los gasoductos de mi gestión e investigue los actuales”, al replicar información periodística sobre la aparición en Estados Unidos de su nombre en la lista de coimas pagadas por Odebrecht.
El ex ministro sostuvo a través de la red social Twitter que si hay 42 nombres en la lista que da origen a la información “sería bueno dar la supuesta nómina completa y no con insistencia, una mentirosa y muy parcial”.
“Pregúntele a (Mauricio) Macri a quienes coimeó o corrompió IECSA, que está tercera en la lista de las empresas que mayor obra pública tuvo” dijo el ex ministro de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y descalificó la nota periodística por “falaz, mentirosa y tendenciosa”. IECSA perteneció al primo de Macri, Angelo Calcaterra, quien la vendió Marcelo Mindlin, líder del grupo Pampa Energía y dueño de Edenor.
En tanto, la precandidata a diputada nacional por Cambiemos Graciela Ocaña aseguró que “el Gobierno está haciendo todo lo posible” para que “el caso Odebrecht se investigue a fondo”, pero, según denunció, “la Justicia se niega”.
En comunicado la dirigente indicó además que “hay más preocupación” por juzgar a los brasileños involucrados “que a los argentinos que recibieron coimas”.
La Justicia “está más preocupada por lo que pasó afuera que por lo que pasó dentro del país”, insistió Ocaña, que remarcó la necesidad de que el Estado “recupere” el dinero que se habría desviado en sobornos y sobreprecios vinculados a la obra pública.
También abogó por modificar el Código Procesal Penal para que los procesos judiciales avancen “más rápido”, y dijo que el problema central de la lucha contra la corrupción está “en la Justicia”. “El Consejo de la Magistratura no funciona y esto impide avanzar sobre algunos jueces”, enfatizó.
La precandidata adelantó que trabajará para que se apruebe la Ley de Extinción de Dominio, que le “facilitará al Estado recuperar los fondos de la corrupción”.
“Necesitamos una norma que establezca la responsabilidad penal de las empresas y la ley de recompensa, para que los que saben dónde están ocultos los bienes ilícitos de la corrupción puedan denunciar y reciban una retribución”, sostuvo.
