El comprador de Ciccone pasó a ser testigo protegido

Alejandro Vandenbreole, el ex dueño de la empresa que compró Ciccone Calcográfica, está desde ayer dentro del “Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados”.

Alejandro Vandenbroele fue ingresado transitoriamente al régimen de testigos protegidos, para que declare como “arrepentido” en las causas en la que está implicado el ex vice presidente Amado Boudou.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, confirmó esta mañana, en declaraciones radiales, que Vandenbroele “se retiró protegido hacia un lugar seguro que tiene el programa”, hasta que se evalúe si puede declarar como “imputado colaborador”.

Vandenbreole está procesado por ser el ex dueño de The Old Fund, la empresa que compró Ciccone Calcográfica y que participó de la maniobra de lavado de activos en la causa por la que Boudou fue detenido.  Vandenbroele está implicado en los dos casos.

El régimen de protección de testigos es aplicable a imputados colaboradores.

El ex dueño de The Old Fund quedó bajo custodia de la Policía Federal ayer por la tarde, luego de una reunión que mantuvo con uno de sus abogados defensores y con el fiscal federal Jorge Di Lello, a cargo de la causa en la que el ex vicepresidente es investigado por enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y lavado de activos.

Vandenbroele llegó ayer a las 14 a los tribunales ubicados en Comodoro Py 2002 y mantuvo una reunión de 90 minutos. Después, se quedó unas tres horas y media más en el edificio, reunido con los tres defensores oficiales que lo asisten en las distintas causas.  “Corresponde aumentar su seguridad”, apuntaron fuentes oficiales.

Durante el encuentro, Vandenbroele pidió interiorizarse sobre el estado de las causas en su contra e informó que dejó a su abogado privado, por lo que el fiscal pidió que estuviera presente Juan Martín Vicco, un defensor oficial.

La Ley del Arrepentido establece que el imputado que colabore con la investigación podrá conseguir una reducción de pena, negociada previamente con la fiscalía, si en el proceso judicial se constata la veracidad de la información aportada.

“La información que se aporte deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado arrepentido”, dispone la norma.

El fiscal y el juez a cargo de la causa tendrán hasta un año para “corroborar el cumplimiento de las obligaciones que el imputado arrepentido hubiera contraído en el marco del acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad, total o parcial, de la información que hubiera proporcionado”.

El caso Ciccone, en el que Boudou, Vandenbreole y otros están siendo juzgados desde el 23 de octubre por cohecho, surgió a partir del testimonio de la ex esposa del ex dueño de The Old Fund, Laura Muñoz.

 

(Con información de Télam)