El plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto de la Cámara baja acordó iniciar las audiencias para tratar el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil los martes, de 10 a 17, y los jueves, de 9 a 13, a partir de la semana que viene.
Serán convocadas diversas organizaciones sociales y especialistas, para analizar el texto elaborado por el Poder Ejecutivo, que entre otros puntos reduce la edad de imputabilidad.
La ronda de audiencias culminaría a fines de abril, después de nueve encuentros, y el dictamen de mayoría podría llevarse al recinto a comienzos de mayo.
La agenda fue anunciada por la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy).
Los bloques con más de 10 integrantes en el plenario podrán proponer hasta cuatro expositores para los martes y dos los jueves. Los bloques con menos de 10 diputados podrán convocar a dos oradores los martes y a uno los jueves.
El ex diputado nacional de Cambiemos y ex ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, será uno de los especialistas convocado para la primera joranda de debate en comisión, ya que fue uno de los que trabajó en la redacción el texto.
“La edad es uno de los temas contemplados en el proyecto que establece un sistema integral de responsabilidad penal juvenil. Es un proyecto que fue trabajado durante más de un año por especialistas y ahora será debatido por el Congreso en el marco de un debate abierto”, aseguró Burgos, en declaraciones a la agencia de noticias Télam.
El diputado nacional del Frente para la Victoria Rodolfo Tailhade pidió la presencia del ministro de Justicia, Germán Garavano, al sostener que se trata de “un tema central”. “Aparecen temas vinculados al proyecto, pero también hay que avanzar en un análisis integral de la justicia argentina, su infraestructura y, para eso, el mejor exponente es el ministro”, explicó.
El texto tiene más de cien artículos y, entre los ejes centrales, establece la responsabilidad penal de los adolescentes mayores de 15 y menores de 18 años que hayan cometido algún delito grave, que son reprimidos con una pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal.
También establece que los adolescentes “no serán pasibles de sanciones privativas o restrictivas de la libertad en función de infracciones de naturaleza contravencional o de faltas”. La máxima pena de cárcel será de 15 años y quedará prohibida “la imposición de reclusión y de prisión perpetua”.
