El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, pidió hoy en el Senado “despojarse de las situaciones más político partidarias” en el debate de la reforma del Ministerio Público Fiscal y consideró que el proyecto de ley acordado entre Cambiemos y el PJ busca generar “contrapesos y controles” en ese organismo.
Garavano defendió en la comisión de Justicia y Asuntos Penales uno de los puntos salientes de la iniciativa, que propone establecer un mandato de cinco años, prorrogable por otros dos, para el nuevo Procurador General de la Nación, y no vitalicio como rige actualmente. “Así rige en la mayoría de las provincias argentinas y en los países vecinos”, recalcó el funcionario al exponer ante los senadores de los distintos bloques políticos en la comisión que preside el peronista Pedro Guastavino.
El ministro también respondió a los cuestionamientos de senadores del Frente para la Victoria en torno a otro punto vinculado a la remoción del Procurador, que podrá ser pedida por el Poder Ejecutivo o la misma Cámara de Diputados con la mayoría de los presentes y será el Senado el que finalmente lo resuelva con mayoría absoluta. “Creemos que el proyecto va en la dirección correcta. Para despejar cualquier duda se establece que el proceso de remoción requiere de mayorías más ágiles que permitan que rápidamente se haga la sucesión”, expresó.
Para el ministro, se trata de una reforma que “genera contrapesos y controles” más allá de las personas. Respecto a las Procuradurías especializadas, un tema que ha generado críticas por parte de sectores de la oposición, ratificó que no se eliminarán. “Ningún procurador va a dejar sin efecto las procuradurías porque se trata de una política de Estado”, aseguró.
CRÍTICAS y REPAROS
Luis Cevasco, presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, expresó: “No estoy de acuerdo en puntos fundamentales. El primer punto que nos preocupa es el plazo del cargo. En la Constitución se dice que el Procurador es independiente de los otros poderes del Estado. La ley originaria interpretó que el cargo del Procurador es permanente como ocurre con los jueces de la Corte. Si una ley le pone plazo corremos el riesgo de que mañana venga otra ley y le ponga plazo a los otros fiscales”.
En diálogo con Diario Vivo, Cevasco consideró que la reforma que propone el Gobierno nacional “es un tema muy complejo que hay que analizar con detenimiento” y explicó que, a comparación de la Ciudad de Buenos Aires, la Constitución porteña “establece que el fiscal dure siete años pero sí garantiza la inamovilidad de los fiscales”.
“En cuanto hace al sistema de remoción no me merece mayor objeción que sea resuelta por una mayoría simple. Sí me merece objeción el proyecto de suspensión, que podría suspender al Procurador, porque una cosa es una decisión mayoritaria y otra es una decisión del Ejecutivo. Esos aspectos me parecen bastantes complejos y abren la puerta a problemas a futuro. La única situación en la que podría ser suspendido el Procurador es por un procesamiento firme establecido por un juez y una cámara y por decisión mayoritaria”, indicó. Y explicó: “No veo mal que el cargo sea vitalicio en la medida que el sistema de remoción funcione”.
Si bien cuestionó la ley vigente porque “carece de equilibrio”, Cevasco también advirtió que esta reforma “abre una puerta enorme para la injerencia de la política”.
Desde el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales señalaron que “un organismo responsable de llevar adelante el control de la legalidad constitucional y el diseño de la política criminal estratégica sobre los delitos que más preocupan a la sociedad y que mayor vínculo con el poder tienen como la narcocriminalidad, la trata de personas, el tráfico de armas, los delitos de corrupción o las graves violaciones de derechos humanos, no puede estar condicionado por las mayorías políticas circunstanciales”. A través de un comunicado, agregaron que con la reforma “se genera inestabilidad” y “afecta la independencia funcional” por ausencia de mecanismos rigurosos para lograr la remoción del Procurador general.
En tanto, en la reunión que hoy hubo en el Senado también se pronunciaron representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, entre las que se encontraba Taty Almeida (línea Fundadora) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Entre otros cuestionamientos, advirtieron que la reforma “afecta la autonomía e independencia del Ministerio Público”.
"Esto implica someter al procurador al Poder Ejecutivo toda vez que este esté a tiro a decreto", advierte Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora
— Senado Argentina (@SenadoArgentina) November 8, 2017
(Con información de Télam)
