El gobierno de Chubut resolvió instrumentar desde hoy serie de medidas para agilizar la expulsión y prohibición del ingreso a la provincia de ciudadanos extranjeros que hayan sido condenados, tengan antecedentes penales o sentencia por delitos, aunque no está firme. La decisión despertó la polémica acerca de la constitucionalidad de que una provincia establezca sus propias leyes migratorias.
“No los rajamos, establecemos la prohibición de ingreso a la provincia”, explicó Federico Massoni, ministro de Gobierno de Chubut, en declaraciones a radio Mitre. “No es competencia nuestra la normativa nacional, que hay que ponerla en crisis. Tenemos una normativa extraordinariamente esponjosa”, criticó el funcionario.
“Damos un respeto absoluto a la normativa vigente, pero la obligación de este ministerio es velar por la seguridad de todos nuestros co-provincianos”, agregó
Massoni reveló que la medida provincial es apoyada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que se comunicó con él esta mañana, una vez publicado el decreto con nuevas regulación para los inmigrantes en Chubut. “La ministra esbozó todo el apoyo y nos felicitó”, aseguró el ministro.
“No podemos permitir la delincuencia importada”, resumió Massoni, para justificar la normativa. “La realidad actual de Chubut demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjeros”, agregó.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, firmó el decreto que dispuso “la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”.
“Si bien todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias contarán con todo el apoyo, aquellos que tienen la intención de delinquir, no van a poder ingresar a Chubut”, explicó Massoni, en una rueda de prensa más temprano.
El decreto también establece que el Ministerio de Gobierno podrá gestionar y formalizar “convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones”.
