La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado a indemnizar a una exiliada que durante la última dictadura militar debió irse del país y vivió seis años a Suecia.
El Ministerio de Justicia le había denegado el beneficio a Amanda Beatriz Perez argumentando que se había tratado de un “exilio voluntario” y no de una situación forzada.
La Sala IV de la Cámara Federal consideró que Perez, entre el 19 de octubre de 1977 y el 10 de diciembre de 1983, fue una perseguida política y que esa situación la obligó a refugiarse en el exterior.
La mujer recordó que ya había estado detenida en 1972, durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, junto con su esposo, Andrés Ernesto Alsina Bea.
“Puede concluirse que existen razones suficientes para sostener que la permanencia de la actora y su familia en el país implicaba un real y concreto menoscabo de su libertad, pudiendo constituir asimismo un peligro para su vida”, sostuvieron los camaristas Marcelo Duffy, Jorge Morán y Rogelio Vincenti en su fallo.
En diciembre del año pasado, el gobierno reconoció una indemnización por los días que estuvo exiliada en 1972 pero le negó la correspondiente a la de la última dictadura argentina, a pesar de que Perez contaba con certificación de “refugiada” de la ONU.
“El exilio se produjo por el temor fundado de que se encontraba en peligro su libertad o vida, resultando éste una válida opción”, concluyó el fallo.
Con la ley 24.043, vigente desde enero de 1992, el Estado reconoció el derecho a un resarcimiento sólo para quienes debieron exiliarse después de haber estado detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La Corte Suprema admitió, por primera vez, en 2004 el beneficio similar al que recibieron los ex detenidos y familiares de desaparecidos para Susana Yofre, madre del ex dirigente montonero Fernando Vaca Narvaja y de Patricia Vaca Narvaja.
(Con información de DyN)
