El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo hoy en conferencia de prensa que el gobierno tiene previsto anunciar una “nueva organización de la Ley de Ministerios” para reducir los cargos políticos en el Estado.
“Vamos a anunciar, las próximas semanas, una nueva organización de la ley de ministerios que, de mínima, va a reducir un 20 por ciento los cargos políticos, no sólo en la Nación, sino también en las provincias y los municipios. Hay que ver todas las cosas a mejorar para invertir el dinero público”, sostuvo el funcionario.
Peña calificó el decreto de necesidad y urgencia 27/2018, de “desburocratización y simplificación” del Estado, como “muy importante”. “Elimina muchísimas trabas que se habían ido acumulando con el tiempo y elimina muchas normativas, de muchas décadas atrás, que ya habían quedado obsoletas y que no se implementaban en muchos casos, pero trababan el proceso de inversión y de generación de empleo”, sostuvo.
Además, defendió el carácter de “urgente” del decreto, sosteniendo que es para “fomentar la inversión y poder cumplir el objetivo de salir de la pobreza”.
El decreto de 192 artículos, que fue publicado en el Boletín oficial el 11 de enero, fue cuestionado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y por el kirchnerismo.
“Como todos los DNU, después será abierto a discutir en el Congreso”, aclaró el jefe de Gabinete, en una conferencia de prensa esta mañana. Sin embargo, aclaró que el decreto de necesidad y urgencia es “una herramienta constitucional perfectamente legítima” y justificó su utilización en el “receso parlamentario”.
La normativa formalizó un plan para reducir la burocracia en el Estado y reducir costos y ganar competitividad.
La norma contiene 170 medidas divididas en 22 capítulos referidos a las áreas de gestión de los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía. Comprende, además, al Banco Central; a la Agencia de Administración de Bienes del Estados (AABE) y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Entre otros aspectos, el decreto establece que los expedientes digitales pasarán a tener “la misma validez que un expediente en papel u otro formato para todo el país, en todos los niveles administrativos”.
También convierte en obligatorio el uso del expediente electrónico para los oficios judiciales en todo el Sector Público Nacional.
La normativa estipula que las empresas automotrices no deberán pedir permiso para instalarse en el país y simplifica y flexibiliza el proceso para obtener marcas y patentes.
Por otro lado, el decreto contempla la posibilidad de resolver sin recurrir a la Justicia, en un lapso de 60 días, las controversias legales-administrativas relacionadas con la administración del Estado.
El decreto puede ser rechazado por la Comisión Bicameral que analiza los DNU, una vez que se inicie el período ordinario de sesiones, el 1 de marzo próximo.
(Con información de Télam)
