El gobierno de la ciudad de Buenos Aires se presentó como querellante en la
causa judicial que investiga los incidentes del lunes último, durante el tratamiento en el Congreso de la “reforma previsional”. La gestión de Horacio Rodríguez Larreta también analiza presentar una acción civil para que “paguen de su bolsillo” los gastos de refacción de la Plaza del Congreso y sus inmediaciones las personas que sean identificadas como autoras de los daños.
“Nos presentamos como querellantes en la causa que investiga el juez
federal Sergio Torres para poder tener un rol activo y proponer medidas de
prueba dada la magnitud y la gravedad de los hechos que ocurrieron el lunes
en contra del patrimonio de la ciudad”, indicó el procurador general porteño, Gabriel Astarloa, en declaraciones a la agencia de noticias Télam.
Además de la sanción penal, el gobierno de la Ciudad también buscará, a través de la demanda civil, a “aquellas personas que estén identificadas, para resarcir el perjuicio que cometieron y que paguen de su bolsillo los daños que realizaron a la plaza”.
Según estimaciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público porteño, la
reparación total de los destrozos en la Plaza del Congreso demandará 24 millones de pesos, poco menos de la mitad de los 59 millones que se destinó a principios
de año para la puesta en valor de ese espacio.
“Es decir que en una jornada los daños equivalieron a casi la mitad de lo
que costó hacer toda la plaza”, indicó Astarloa. “No es justo”, sentenció, en referencia que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires “los tengan que costear a través de los recursos del presupuesto de la ciudad”.
Durante la jornada se destruyeron fuentes, canteros, bancos y las tribunas de
la plaza por algunos manifestantes. “La decisión es actuar de modo enérgico para desalentar la idea que tienen algunos de que la violencia es un método natural para expresar la disidencia. No se puede confundir la protesta social válida y legítima en una sociedad democrática con actuar con violencia y destruir el patrimonio de la ciudad”, sostuvo el procurador porteño.
“Se cometieron varios delitos”, indicó Astarloa, entre otros mencionó el “daño agravado”, que contempla una pena de entre 3 meses a 4 años de prisión; “lesiones” y “resistencia a la autoridad”.
“Queremos ser enérgicos y proactivos para que la Justicia prontamente pueda
sancionar a los responsables en sede penal y, como querellantes, vamos a
colaborar para que esto ocurra de manera rápida y ejemplar”, concluyó.
