El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy al detenido empresario Lázaro Báez y a otra veintena de imputados por integrar una banda que lavó dinero entre los años 2010 y 2013.
Así lo resolvió al readecuar, como le había ordenado la Cámara Federal, los procesamientos que ya había dictado previamente y ligarlos a la concesión de la obra pública que recibió durante el gobierno de los Kirchner.
El pronunciamiento incluyó también a los cuatro hijos de Báez, Martín, Leandro, Sabrina y Melina, por ser los beneficiarios finales de un entramado societario offshore que controlaba cuentas bancarias en la Confederación Suiza a través de las cuales se habrían canalizado unos 60 millones de dólares entre finales de 2010 y principios del año 2013.
Según la resolución de Casanello, durante los últimos meses del año 2010, Báez comenzó a gestar, a través de Leonardo Fariña, un esquema de lavado de activos que incluyó el envío al exterior, a través de financieras del microcentro porteño, de millonarias sumas de dinero ilícito originadas en un extendido esquema de corrupción institucional.
Casanello da por probado que, en enero de 2011, Fariña adquirió a Federico Elaskar con dinero de Báez la financiera SGI Argentina, con oficinas en Puerto Madero, desde donde se dirigieron las operaciones de lavado de la banda y se gestionó la formación de una estructura jurídica y bancaria en el extranjero para albergar el dinero expatriado.
El magistrado determinó que Báez reingresó al país parte de esa fortuna, con el auxilio de la sociedad suiza Helvetic Services Group, mediante la compra en el extranjero de bonos de la deuda pública argentina por un valor aproximado de 33 millones de dólares que fueron inmediatamente liquidados en el mercado de valores de la ciudad de Rosario.
El producido de esa venta (208 millones de pesos) fue abonado a Helvetic Services Group mediante el libramiento de nueve cheques, que fueron endosados en favor de Austral Construcciones, para que esta empresa los deposite en su cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina, en una operación que se intentó disfrazar bajo el ropaje de una emisión de acciones preferidas de Austral, según consigna el Centro de Información Judicial.
Casanello además remitió las pruebas a conocimiento del juez Julián Ercolini para que se evalúe la responsabilidad de la ex presidenta Cristina Kirchner en el marco de la asociación ilícita de la cual se deriva su imputación. La investigación podría desembocar en un “mega juicio” contra los integrantes de la banda.
DyN, CIJ
