La coalición oficialista Cambiemos confirmó su decisión de aprobar antes de fin de año una nueva ley de Ministerio Público orientada a remover a la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sin necesidad de tener que recurrir a un juicio político.
“Antes de fin de año va a haber un proyecto impulsado por el oficialismo para sacar a la procuradora”, confió un legislador de Cambiemos en diálogo con periodistas parlamentarios.
De esta manera, la coalición de Gobierno buscará “regular el proceso de remoción” de la procuradora aprovechando el fallo de primera instancia de un tribunal nacional en lo Contencioso Administrativo Federal que declara inconstitucional un artículo de la ley que fue sancionada en junio de 2015.
El juez en lo Contencioso Administrativo Federal 9, Pablo Cayssials, resolvió en los últimos días aceptar la demanda promovida por la agrupación Será Justicia y el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y declaró la inconstitucionalidad el artículo 76 de la ley 27.148, que establecía el juicio político como único procedimiento para la destitución de la jefa.
“El privilegio que la Ley 27.148 le concede al titular del Ministerio Público, resulta muy superior al que tienen todos los jueces de la Nación (con excepción de los magistrados de la Corte Suprema), lo que resulta incompatible con las exigencias de igualdad y responsabilidad de los funcionarios, contemplados en la Constitución Nacional”, justificó el magistrado.
Ya hubo varios intentos desde el Congreso por separar a la procuradora y hasta se abrió un proceso en la Comisión de Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal para evaluar el trabajo del Gils Carbó, con la intención de avanzar con el juicio político.
Ahora, el oficialismo con una nueva ley buscará destituir a la funcionaria por la mayoría simple del Congreso.
Esta decisión había sido anticipada a comienzos de semana por la diputada nacional y referente de Cambiemos, Elisa Carrió, quien en declaraciones televisivas cuestionó el desempeño de Gils Carbó y sostuvo que eran necesarios “nuevos mecanismos de remoción”.
“Es necesario cambiar los mecanismos de remoción para garantizar la división de los poderes”, sostuvo la legisladora, tras rechazar la intención de remover a la Procuradora General por decreto.
