El zar del juego y los medios, alcanzado por la ola de la prisión preventiva

Cristóbal López y su socio están procesados por “administración fraudulenta agravada”, por la presunta evasión de un impuesto por un total de ocho mil millones de pesos.

El juez federal Julián Ercolini procesó hoy y ordenó las detenciones de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa bajo el cargo de “administración fraudulenta agravada” por la presunta evasión de ocho mil millones de pesos, en una causa en la que también procesó sin prisión preventiva al ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray.

El pedido de detención del empresario se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada oficialista Elisa Carrió, basada en una nota periodística publicada en La Nación.

López y De Sousa habrían evadido el pago a la AFIP correspondiente al tributo a la transferencia de combustibles líquidos (ICL) aplicado a la firma Oil Combustibles S.A. El dinero evadido habría destinado a fondear empresas de su propiedad, como Inversora M&S S.A. y Oil M&S S.A.

Para López y De Sousa, el juez Ercolini ordenó el arresto por considerar que violaron “deliberadamente las medidas cautelares impuestas”.

En su resolución, Ercolini también destacó que Echegaray, como titular de la AFIP, otorgó “de manera irregular y en forma consistente, sistemática y deliberada” planes de pago por el impuesto impago correspondiente a los períodos fiscales de mayo de 2013 a agosto de 2015.

“De esa manera, el administrador federal, aunque no se descarta la intervención de otros funcionarios, posibilitó que la petrolera no pagara en tiempo y forma aquel tributo y utilizara indebidamente y en beneficio propio ese dinero para capitalizar a las demás sociedades del referido grupo, en perjuicio de las arcas del Estado nacional”, dice el escrito de 106 páginas.

Sobre los tres imputados se impuso además un embargo por algo más de 17 mil millones de pesos (17.042.509.692 pesos), una suma que se aproxima al valor de la totalidad de los activos que se le atribuyen a López.

Ercolini consideró que los imputados son “prima facie” autores del delito de administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.

Con todo, al librar las órdenes de detención sobre los domicilios de los procesados, el juez ordenó a Gendarmería Nacional “abstenerse de difundir imágenes y/o información de los pormenores” del arresto.

(Con información de Télam)