Así lo confirmaron fuentes judiciales a NA, que señalaron que la determinación de Canicoba Corral fue tras el pedido que efectuó el fiscal federal Carlos Stornelli.
En agosto pasado Stornelli había efectuado la solicitud que permitiera dar por cerrada esta parte de la investigación y los imputados enfrenten la acusación por los delitos de “violación de secretos, abuso de autoridad, violación de registros y documentos, y falsedad ideológica”.
“Tengo probado que Mario Guillermo Moreno, Ana María Edwin, Beatriz Paglieri, Celeste Campora Avellaneda y Macarena Filia, a través de acciones que desplegaron con el objeto de manipular fraudulentamente los cálculos y el resultado final del Índice IPC, tomaron parte en la supresión, modificación y/o reemplazo, espurio y arbitrario, de la base de datos original del Indec y que constituían la base primaria fundamental del proceso estadístico, con la consecuente destrucción y/o inutilización de los documentos y registros oficiales de un servicio público, por caso aquellos del sistema estadístico nacional”, sostuvo Stornelli en el escrito.
Esta causa empezó hace diez años, durante el primer gobierno de Cristina Kirchner con una denuncia de consumidores y de los entonces legisladores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz.
Allí se pedía investigar si Moreno le habría ordenado a la por entonces directora de Índices de Precios de Consumo (IPC), Graciela Bevacqua, que “le revelara los datos correspondientes a los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo” y así calcular los índices inflacionarios.
Moreno fue condenado en 2017 a dos años y medio de prisión en suspenso por el delito de “peculado” por haber usado fondos públicos para la adquisición de cotillón contrario al Grupo Clarín fue un delito.
