Los directivos de redes sociales en Australia que no retiren de forma inmediata contenidos extremadamente violentos enfrentarán penas de tres años de cárcel o multas del 10 por ciento de su facturación anual, según una ley aprobada hoy por el Parlamento.
Además de las penas establecidas por la circulación de contenidos de actos terroristas, asesinatos, violaciones, torturas o secuestros, la controvertida norma obliga a estas plataformas a informar a la Policía tan pronto como detecten la transmisión en directo de una “conducta violenta aberrante”.
Los cambios en la legislación, aprobada ayer por el Senado y hoy por la Cámara de Representantes, fueron adoptados tras el atentado del 15 de marzo contra dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, en la Isla Sur de Nueva Zelanda, en el que murieron 50 personas y otras 50 resultaron heridas. El ataque fue retransmitido en directo durante 17 minutos a través de Facebook por el asaltante, el australiano Brenton Tarrant, quien también publicó en las redes sociales un manifiesto de 70 páginas con su ideario extremista.
“Los medios de comunicación no pueden retransmitir en directo el horror de Christchurch u otros crímenes violentos, y las redes sociales tampoco deberían poder hacerlo”, expresó el ministro de Comunicaciones, Mitch Fifield, en un comunicado. “Si una red social no tomara medidas para parar una retransmisión en directo de este tipo de violencia debería enfrentarse a un fuerte castigo y esto es lo que ocurrirá ahora, cuando esta ley entre en vigor”, añadió Fifield.
La reforma impulsada por el Gobierno de la coalición conservadora fue aprobada con el apoyo de la oposición laborista, aunque un portavoz de esa formación adelantó que si ganan las elecciones previstas este año la enviarán a comités parlamentarios de inteligencia y seguridad para enmendarla. “La ley es torpe y tiene fallos en muchos aspectos”, dijo el portavoz laborista para asuntos de la fiscalía, Mark Dreyfus.
Los cambios también generaron dudas en el Consejo Legal de Australia, cuyo presidente, Arthur Moses, dijo que hacer a las redes sociales y a sus ejecutivos responsables penales por la difusión de contenido delictivo supone un “serio paso” que merece una mayor consideración. “Sabemos que formular leyes como acto reflejo a un evento trágico no equivale a una buena legislación y puede tener múltiples consecuencias no deseadas”, afirmó.
Desde la Digital Industry Group (DIGI), una entidad de la que son miembros Facebook, Apple, Google, Amazon y Twitter, señalaron que las leyes no entienden la complejidad de eliminar contenido violento.
“Con los vastos volúmenes de contenido subidos a Internet cada segundo, este es un problema muy complejo”, dijo Sunita Bose, directora General de DIGI, citada por medios británicos.
El año pasado, Australia aprobó una ley que obliga a las empresas tecnológicas a garantizar el acceso de la Policía y las agencias de seguridad a los mensajes encriptados para combatir el terrorismo y el crimen.
(Télam)
