La mitad de los hogares griegos no tiene ingresos para llegar a fin de mes, un tercio de las familias vive con menos de 10.000 euros al año y el 90 por ciento de los ciudadanos no puede ahorrar, casi nueve años después de iniciado un extenso proceso que implicó tres “programas de ayuda” del FMI y duros ajustes. Así lo señalan los principales resultados de un informe realizado por el Instituto de Pequeñas Empresas (IME) y publicado en su sitio web (https://imegsevee.gr/) sobre el estado de la economía del país y el consumo en 2018, publicado hoy en medios locales.
Desde 2010, Grecia recibió casi 273.700 millones de euros en tres programas de asistencia financiera acordados en los años 2010, 2011 y 2015. A cambio, sus acreedores europeos le exigieron reformas estructurales y ajustes fiscales muy resistidas por sindicatos y una parte importante de la sociedad, que se movilizó de manera sistemática en las calles en los últimos años.
De acuerdo al informe, reproducido por la agencia de noticias EFE, 52,5 por ciento de los hogares no tiene dinero suficiente para cubrir sus gastos mensuales, un problema que es especialmente dramático en las familias numerosas. El 31,7 por ciento de los hogares vive con ingresos anuales inferiores a los 10.000 euros, mientras otro 14,2 por ciento lo hace con ingresos por debajo de los 18.000 euros.
Por lo anterior, el 37 por ciento de los hogares paga con retraso las cuotas de hipotecas y las facturas de servicios (22,8 por ciento), mientras 43,6 por ciento lo posterga o directamente no realiza tratamientos médicos u operaciones.
Esta escasez de medios se debe en buena parte al elevado índice de desempleo (18 por ciento en diciembre), el más alto en la Eurozona, y que -producto de este fenómeno- en la mitad de los hogares (49,1 por ciento) la jubilación de alguno de sus miembros sea la fuente principal de ingresos. Tan solo en 40,1 por ciento de los casos lo son los salarios. A su vez, el 90,3 por ciento de las familias están imposibilitadas de ahorrar, lo que “tiene consecuencias graves sobre la liquidez de la banca y sobre su capacidad de financiar la economía”.
El informe considera “positivo” el incremento reciente del salario mínimo -que pasó de los 586 euros brutos a los 650- aunque estima que su impacto quedará limitado si no se revoca la decisión impuesta por los acreedores de reducir a partir del próximo año el mínimo exento de impuestos (de 8.636 euros a 5.600 euros anuales). Para el IME el incremento del salario mínimo por si solo es insuficiente para mejorar los ingresos y crear puestos de trabajo “de calidad”.
Según el informe, es necesario generar un ambiente que “promueva” al empresariado y eso no puede ocurrir si hay una imposición excesiva, si falta financiación y hay demasiada burocracia. A su vez, el pequeño empresariado tampoco apoya la decisión del gobierno de Alexis Tsipras, de mejorar las ayudas sociales a los mas necesitados, pues, a su juicio, esto conducirá a un incremento de la imposición y reducirá las posibilidades de crecimiento sostenible de la economía.
(Télam)