La defensa del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou pidió la nulidad de la acusación en su contra y su absolución ante el Tribunal Oral Federal Nº 8 que lo juzga, integrado por los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñiguez y Nicolás Toselli,
El tercer juicio oral y público contra Boudou comenzó hoy y se lo juzga por irregularidades en el proceso de compra de 19 vehículos de alta gama par el Ministerio de Economía y por falsificar datos y documentos personales para el trámite de transferencia de un auto importado, en 1993.
El abogado del ex funcionario, Eduardo Durañona, pidió la nulidad en la primera causa por entender que no se detallaron los cargos que se imputan a Boudou. En la otra, la abogada Graciana Peñafort requirió la absolución al considerar que no puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Todos los planteos serán respondidos por la fiscalía, a cargo de Abel Córdoba, y las demás partes y luego el tribunal deberá resolver.
Los reclamos se hicieron tras la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de los fiscales que investigaron los hechos, Ramiro González, en el caso de los autos para el Ministerio de Economía, y Guillermo Marijuán, por la falsificación de datos para
El ex vicepresidente se ubicó en primera fila, con custodia del Servicio Penitenciario Federal, y entre sus abogados. Sobre la mesa quedaron un libro, que le llevó Durañona para que lea en el penal, “El pueblo sin atributos”, de Wendy Brown, y hojas con anotaciones.
Por la compra de autos de alta gama son juzgados, además, los titulares de la concesionaria en la que se realizó la operación, Fernando y Guido Guidi, y el ex titular de la Sindicatura General de la Nación Daniel Reposo.
Por la compra autos de alta gama, durante la instrucción de la causa se constató que se pagaron 2 millones de pesos, no se justificó la necesidad y, además, se habrían adquirido en forma directa.
En este caso, Boudou está procesado por “administración fraudulenta agravada”.
En la causa por la falsificación de la documentación, fue juzgado y sobreseído por prescripción en 2017, pero la Cámara de Casación Penal revocó la decisión y ordenó que fuera juzgado nuevamente.
El juicio se extenderá por al menos cuatro meses, con dos audiencias por semana, los martes y jueves.
