El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, recibió el anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en una reunión celebrada con la comisión que lo redactó, formada por veintiún especialistas, y que trabajó durante tres años.
El documento fue debatido a lo largo y ancho del país, y presentó los puntos de consenso para el anteproyecto. Se tuvieron en cuenta también los resultados de la oralidad civil efectiva, que ya se implementó en 15 jurisdicciones con asistencia del ministerio, entre ellas, la Justicia nacional en lo civil.
Entre los puntos más destacados del Proyecto está la centralidad puesta en el usuario del servicio de justicia, en el juez como director del proceso y en su necesaria participación en las audiencias, y en los abogados como auxiliares para la solución del conflicto.
De igual forma, se incorpora la obligación de decir la verdad para las partes, la buena fe y lealtad no son sólo principios programáticos, sino que se los plasmó en normas operativas; así como la participación de amigos del Tribunal en los procesos civiles y comerciales como una forma de abrirse a la sociedad.
La oralidad efectiva, la dirección de las audiencias por parte de los jueces y la videograbación como registro, serán fundamentales para obtener procesos rápidos en cuestiones sencillas o urgentes y evitar largos juicios.
Además el texto incorpora el proceso monitorio, dando lugar a juicios muy simplificados si el requerido no plantea defensa; la eliminación del soporte papel y su reemplazo por el expediente electrónico.
Con este nuevo paradigma se busca evitar procesos burocráticos en los que la actuación judicial termina siendo sólo lo que se presenta en un papel, asimilando el expediente al juicio, alejando al juez del conflicto y perdiendo de vista la solución de la controversia en el menor tiempo posible.
