Ante un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el ex diputado nacional Ricardo Alfonsín, hijo del ex presidente Raúl Alfonsín (1983-1989), se refirió a los avances en materia de derecho humanos y a las deudas de la democracia, al uso de las fuerzas de seguridad y a sus excesos, y también a la prisión domiciliaria de los condenados por delitos de lesa humanidad.
-¿Cuánto se avanzó en materia de derechos humanos en Argentina? ¿Qué luchas quedaron saldadas, en cuáles se avanzó y cuáles están pendientes?
-Se ha avanzado sustancialmente en materia de derechos humanos, ha habido legislación muy importante que se ha incorporado al Código Penal y al derecho normativo. Se incorporaron tratados internacionales sobre las garantías del Estado. También se ha avanzado en valores culturales que no están escritos pero que generan anticuerpos en la sociedad contra cualquier conducta violatoria de los derechos humanos. El trabajo, la dignidad, el acceso a la vivienda y la educación también son derechos humanos. Eso no quiere decir que no falte avanzar o que el Estado sea eficiente en el cumplimiento de los derechos considerados fundamentales, pero no hay desconocimiento de los mismos, no hay plan un sistemático destinado a violarlos.
-Sin embargo, todo el tiempo se vuelven a poner cuestión discusiones, como el rol de las fuerzas de seguridad y la forma en la que deben proceder
– En materia del uso de las fuerzas de seguridad por parte del Estado existe una discusión, que siempre se dio y no solo en Argentina. A veces, con los cambios de gobierno, las políticas se acercan o se alejan de la opción que uno considera la más correcta. El Estado debe ceñirse a la ley. Pero hay momentos en que esa premisa es relativizada por el gobierno y por la sociedad y el rol del Estado se flexibiliza. Eso se evidencia cuando surgen debates sobre la forma de combatir la delincuencia o en la discusión por los inmigrantes, que ha sido muy imprudente y que tiene que ver con los derechos humanos.
-Pero la discusión relacionada a la prestación de salud para los extranjeros también era económica.
-Los derechos humanos deben estar garantizados para todos. Después, podemos discutir las condiciones materiales, pero hay que hacerlo de manera prudente y entre estados, porque se puede despertar xenofobia.
Ha habido retrocesos en términos de discusión sobre la obligación del Estado de ajustarse escrupulosamente a la ley y es la sociedad la que, a veces, tiene actitudes que flexibilizan esa obligación. Si la ley dice que no se puede matar por la espalda, no se puede.
-¿Está de acuerdo con que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria a los represores de la dictadura condenados?
-Si la ley dice que cumplida determinada edad, salvo que exista la posibilidad de que entorpezca alguna causa, una persona puede ser beneficiaria de la prisión domiciliaria, corresponde. Y si no les gusta la ley, que la cambien.
-¿Usted la cambiaría en el caso de los genocidas condenados?
-Yo la cambiaría para delitos de lesa humanidad, por una cuestión preventiva. Los delitos de lesa humanidad son horrorosos, repugnantes y deben tener una pena superior a la del resto de los delitos. Un genocida es repugnante para la sociedad, por lo que haría que la normativa fuera más severa y eliminaría los beneficios, salvo cuestiones humanitarias, como enfermedades terminales.
