Estados Unidos comenzó a imponer una serie de sanciones a Nicaragua, en respuesta a la represión del gobierno de Daniel Ortega contra las manifestaciones en su contra.
“Después de años de elecciones fraudulentas y la manipulación de las leyes, los nicaragüenses han tomado las calles para pedir reformas democráticas”, señaló un comunicado de la Casa Blanca, que también mencionó la “violencia indiscriminada” por parte de las fuerzas de seguridad oficialistas -que ya provocó más de 350 muertes y miles de heridos- y las denuncias de desapariciones y torturas contra manifestantes opositores al gobierno de Ortega.
“Estados Unidos condena la violencia en Nicaragua y el abuso a los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega en respuesta a las protestas”, indicó la administración Trump.
“El presidente Ortega y el vicepresidente Murillo son responsables de las fuerzas parapoliciales pro gobierno”, agregó el gobierno estadounidense, que anunció la baja baja de las visas de funcionarios nicaraguenses y de sus familias, como respuesta a las denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas en la represión a las protestas.
La administración Trump también dispuso el regreso de vehículos que había donado a las fuerzas de seguridad de Nicaragua, y el congelamiento de ventas al gobierno de Ortega y de donaciones de equipamientos de seguridad. “Este es el comienzo, no el fin, de las potenciales sanciones”, advirtió la Casa Blanca.
“Elecciones libreas y transparentes son la única vía para restablecer la democracia en Nicaragua”, añade el comunicado.
Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense señaló que enviará 1,5 millones de dólares en concepto de “ayuda” a las organizaciones civiles, de derechos humanos y medios independientes que se encuentran enfrentadas a Ortega. “Estados Unidos continuará monitoreando de cerca la situación en Nicaragua”, concluyó la información oficial.
En una entrevista con el medio Euronews, Ortega rechazó que existan grupos parapoliciales, habló de “policías voluntarios” y aseguró que las protestas reprimidas fueron parte de un intento de “golpe de estado”.
