El juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a los ex secretarios de Minería de la Nación Jorge Mayoral y de Ambiente Sergio Lorusso por “abuso de autoridad”, en el marco de la causa que analiza la contaminación de la mina Veladero, en la provincia de San Juan.
El magistrado consideró que los ex funcionarios de la gestión kirchnerista, como “máxima autoridad ambiental nacional”, no intervinieron para evitar los dos derrames que se produjeron en septiembre de 2015.
“Sin perjuicio de conocer que en Veladero se estaba llevando a cabo una actividad altamente riesgosa, que se manipulaba cianuro en el proceso de extracción del oro, que la forma de trabajo no era segura para el ambiente -habida cuenta de los derrames de solución cianurada que precedieron el de septiembre de 2015-, la máxima autoridad ambiental nacional no intervino e incumplió el mandato legal”, sostuvo Casanello en el fallo de procesamiento.ç
“Se le reprocha el incumplimiento de promover estudios e investigaciones para evaluar, planificar y coordinar el racional aprovechamiento de los recursos mineros del país, contemplando la preservación del medio ambiente”, agregó.
El caso se inició a raíz del derrame de cianuro producido entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, que contaminó varios ríos.
La falla en una válvula de la mina, propiedad de la empresa canadiense Barrick Gold, provocó el derrame.
“La ausencia de control, el déficit en el desempeño estatal, pese al mandato legal, es una premisa necesaria para comprender lo que ocurrió en septiembre de 2015”, sostuvo el magistrado.
Casanello consideró que recién entonces y “de manera tardía” se ordenaron fiscalizaciones a Veladero, en las que se detectaron “falta de controles automáticos que permitieran la detección temprana de incidentes por parte de la empresa”.
Junto con los procesamientos, el magistrado dispuso embargos de dos millones de pesos. Además de Mayoral y Sergio Lorusso, fue procesada Beatriz Domingorena, a cargo de la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, por el mismo delito y con un embargo de un millón de pesos.
“El retraimiento del Estado, más allá de lo que toca a la autoridad local, permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que, por su enorme riesgo, debía ser objeto de un profundo y minucioso control”, advirtió el juez.
Tras los derrames de septiembre de 2015, se produjeron otros dos: uno, el 8 de septiembre de 2016 y otro, el 28 de marzo de 2017. Esas irregularidades son investigadas en otras dos causas.
El informe técnico en el que Casanello definió los procesamientos concluyó que el sistema carecía de controles automatizados y el derrame fue detectado “a raíz de observar una variación significativa en el caudal del Río Potrerillos”, por parte de un empleado, en el nivel de cianuro.
(Con información de Télam)
