Los senadores de Cambiemos, de Argentina Federal y del Frente para la Victoria no lograron llegar a un acuerdo sobre el proyecto de extinción de dominio en el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico, que se reunió hoy.
Frente a la falta de consenso, se firmaron tres dictámenes distintos para llevar al recinto.
El del PJ es el que reúne la mayor cantidad de firmas, seguido por el del oficialismo. Por último, está el del Frente para la Victoria .
“Ha habido un esfuerzo unilateral para contemplar los intereses de los autores de todos los proyectos”, se quejó el senador Rodolfo Urtubey, autor de la iniciativa presentada por el PJ, según consignó Parlamentario.com.
La iniciativa del PJ sostiene que la extinción de dominio debe ejecutarse en el fuero penal, en coincidencia con la sentencia sobre las actividades ilícitas que dieron origen a los bienes sospechados.
Cambiemos considera que el traspaso de titularidad debe sustanciarse en un juicio civil, que no dependa de la causa penal.
El bloque Argentina Federal, que lidera Miguel Pichetto, incorporó la extinción de dominio anticipada para casos de delitos cometidos en flagrancia o de fuga o rebeldía del acusado.
A pedido del kirchnerismo, se sumaron a los delitos de corrupción, terrorismo, lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico, como origen de los bienes susceptibles de ser objeto de extinción de dominio, los económicos y financieros.
El PJ también accedió a que la acción por extinción de dominio esté llevada por el Ministerio Público Fiscal y no por el procurador del Tesoro, ya que depende del del Poder Ejecutivo.
A pesar de los cambios introducido el proyecto del PJ, Cambiemos insistió con su dictamen ya que sostienen que el proceso por la extinción de dominio de bienes sospechados de provenir de origen ilícito tienen que enmarcarse como una acción civil y no penal.
“El proceso tiene que ser más expeditivo”, sentenció el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, del PRO.
Pinedo es autor de la iniciativa del oficialismo, que enmarca la acción de extinción de dominio en el fuero civil.
