El juez de la Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional Eduardo Farah pidió su traslado al Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 1.
“Pido que se considere que registro casi diez años de desempeño efectivo en el cargo y que la competencia del Tribunal Oral indicado, en tanto corresponde a la jurisdicción penal federal, es similar a la del suscripto en los términos de la acordada 7 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, argumentó Farah.
No obstante, el camarista solicitó que, en caso de liberarse una vacante en los tribunales orales en lo criminal de San Martín, se lo traslade allí “por razones personales”.
“De hacerse efectiva próximamente una vacante en los Tribunales Orales en lo Criminal Federal con asiento en San Martín, provincia de Buenos Aires, mi solicitud de traslado por razones personales a esa jurisdicción”, agregó.
La solicitud del camarista se produjo luego de los cuestionamientos que recibió por firmar a favor en el fallo que otorgó la excarcelación a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa y cambió la carátula de la causa, el 16 de marzo último.
El tribunal al que solicitó el traslado, tiene tres vacantes, dos ya concursadas y una que acaba de producirse, consignó la agencia de noticias Télam de fuentes judiciales.
Farah pidió una licencia de tres días, que termina hoy. El magistrado aprovechó los días para elaborar y presentar, esta tarde, el pedido de su traslado al Consejo de la Magistratura.
Según consignó Télam, Farah pretende como destino final el Tribunal Oral Federal Nº 2 de San Martín, donde se generará una vacante porque uno de sus integrantes, Daniel Petrone, fue propuesto para ocupar un lugar en la Cámara Federal de Casación Penal y, mientras tantos, solicitó el traslado al fuero penal económico.
Farah fue el camarista que desempató a favor de la excarcelación de López y De Sousa en el fallo de la Sala I, integrada por los jueces Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia.
En la misma resolución, la Cámara Federal cambió la carátula de la causa de “defraudación a la administración pública” al de “retención indebida de tributos”.
La causa investiga la apropiación de 8.000 millones de pesos, percibidos por la petrolera Oil, perteneciente a López y De Sousa, por el impuesto a la transferencia de combustibles líquidos.
Bruglia fue el único integrante de la Sala I de la Cámara Federal que votó en contra de la excarcelación de los socios del Grupo Indalo.
En tanto, a pedido de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura avanza en la investigación para determinar si hubo irregularidades en la conformación de la Sala I para ese fallo.
Al pedido del Máximo Tribunal se sumó la presentación de la diputada nacional de Cambiemos Elisa Carrió, que pidió al Consejo de la Magistratura que investigue los antecedentes de Ballestero por “enriquecimiento ilícito” y los vínculos de Farah con López.
El fallo que liberó a los socios del Grupo Indalo está bajo revisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal , que citó a las parte para el próximo 26 de abril, para escuchar sus argumentos.
(Con información de Télam)
