El fiscal federal Eduardo Taiano pedirá el envío a juicio oral de la ex presidenta Cristina Kirchner y los demás procesados por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, apenas se reanude la actividad judicial en febrero, en un mes que tendrá la agenda concentrada en el devenir de las causas por corrupción que involucran a empresarios y ex funcionarios del kirchnerismo.
Además, el juez federal Luis Rodríguez debe resolver la situación procesal de los demás imputados en la causa por defraudacion en Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) en la que fue detenido el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
A mediados de diciembre último, el fiscal del caso Carlos Stornelli, pidió más detenciones por los delitos de “peculado” y “administración fraudulenta”, entre ellas las del ya preso en otra causa, Roberto Baratta, ex mano derecha de De Vido, y la del actual intendente de Río Turbio, Atanasio Pérez Osuna, entre otros ya indagados.
Además, se espera que el juez federal Sebastián Casanello resuelva en febrero la situación procesal de algunos empresarios y ex funcionarios indagados en una de las causas que investiga las derivaciones del “Lava Jato” brasileño y la constructora Odebrecht, relativa a dos licitaciones de la empresa estatal de aguas AYSA.
En lo relativo a Odebrecht, su colega Marcelo Martínez de Giorgi tiene que decidir en el reinicio de la actividad judicial si accede a ordenar un embargo preventivo por 54 millones de pesos pedido por el fiscal del caso, Franco Picardi, contra el empresario Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, en la causa por el soterramiento del tren Sarmiento.
Se trata de recursos presentados por Cristina y su ex canciller Héctor Timerman, la primera en libertad por sus fueros parlamentarios y el segundo excarcelado por razones humanitarias durante la feria judicial, y por el detenido ex secretario Legal y Técnico de la presidencia Carlos Zannini, preso en la cárcel de Ezeiza.
Por su parte, Bonadio avanza por orden de la Cámara Federal porteña en los trámites para enviar la causa a juicio y para ello ya cuenta con escritos de las querellas DAIA y de dos familiares de víctimas, que solicitaron que los acusados sean enviados ante un Tribunal Oral.
El próximo paso será el requerimiento de elevación a juicio del fiscal del caso, Eduardo Taiano y luego se dará vista a las defensas de los doce procesados, seis de ellos con prisión preventiva incluida la ex Presidenta.
La sala II de la Cámara Federal recibirá la primera semana de febrero las apelaciones que presenten procesados en la causa por la muerte de Nisman, entre ellos los cuatro ex custodios y el técnico informático Diego Lagomarsino, acusado como supuesto “partícipe primario” de lo que para el juez federal Julián Ercolini fue un asesinato.
El Tribunal de Apelaciones, integrado por los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah, analizará por primera vez esta resolución y deberá decidir si avala o no la conclusión a la que llegaron el juez y el fiscal Taiano.
En otra de las causas judiciales que se reactivarán en febrero, la sala I del Tribunal de Apelaciones fijó ya audiencia para el 8 de ese mes con el fin de escuchar a las defensas de los detenidos empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por la evasión de 8 mil millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos en su empresa Oil Combustibles.
En esta causa también está procesado pero sin prisión preventiva por supuesto encubrimiento el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, quien ya apeló el fallo dictado por Ercolini, que también será revisado en la instancia de apelación.
La actual senadora será juzgada en fecha a definir por la primera de las causas en las que fue procesada, la venta de dólar futuro al final de su gobierno y además también Ercolini resolverá a lo largo de febrero su situación procesal en la causa Hotesur.
En cuanto al ex vicepresidente Amado Boudou volverá ya excarcelado al juicio en su contra por la venta de la ex Ciccone Calcográfica junto a su amigo José María Nuñez Carmona, también liberado en la feria judicial en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que ambos quedaron detenidos por orden del juez federal Ariel Lijo.
Desde el 1 de febrero, comenzará a tramitar la recusación contra Lijo presentada por ambos durante enero: primero el magistrado decidirá si acepta o no apartarse de las causas en su contra y en caso de una negativa, la última palabra será de la Cámara Federal.
(Con información de Telam)
