El desplazamiento de Ricardo Lorenzetti de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el 1 de octubre último, generó suspicacias y una batalla interna dentro del Poder Judicial.
El avance de Carlos Rosenkrantz como presidente del máximo tribunal, en una elección anticipada, ya que el cargo de Lorenzetti vencía el 31 de diciembre, fue atribuido a los operadores judiciales del gobierno nacional, a pesar de que el magistrado tiene credenciales de prestigioso jurista.
Los últimos fallos de la Corte Suprema – beneficio de 2×1 para represores; vigencia de la Ley de Lemas en Santa Cruz; impuesto a las Ganancias para los funcionarios del Poder Judicial ingresados desde el 1 de enero de 2017 e invalidez del índice de actualización de las jubilaciones- y la acordada que limita las facultades de Rosenkrantz, pusieron de manifiesto la batalla interna dentro del máximo tribunal, entre el presidente del cuerpo y el eje que conforman Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez se manifestó de acuerdo con el fallo mayoritario de la Corte Suprema sobre la actualización de las jubilaciones.
“Estoy de acuerdo con el voto de la mayoría porque aplica con mayor razonabilidad el principio pro -persona, sobre todo para una población más vulnerable como los adultos mayores. Sigue la línea jurisprudencial de Corte sobre la previsión social”, sostuvo Gil Domínguez, en diálogo con Diario Vivo.
Rosenkrantz votó en disidencia, a favor de que la ANSeS tenía potestad para definir, a través de la resolución 56/2018, el índice para actualizar jubilaciones, en virtud de la ley de “Reparación Histórica”. “Es una lectura muy sesgada, que desconoce la capacidad de los miembros de la Corte. Ninguna ley se puede sobreponer a la Constitución”, explicó el letrado.
Los últimos fallos de la Corte no lograron unanimidad y mostraron al presidente votando en soledad o, incluso cuando hubo acuerdo pleno en la resolución, los argumentos fueron partidos.
“La Corte entró en una situación de pérdida de autoridad y de falta de funcionamiento interno orgánico armónico, desde el punto de vista jurídico y político. El presidente de la Corte es la cabeza de un poder del Estado y deber haber una autoridad jurídica para los fallos y una política para el funcionamiento”, cuestionó el especialista, sobre la gestión de Rosenkrantz. “El gobierno intentó hacer un manejo político de la Corte y le salió mal y esta es la consecuencia. Rosenkrantz, que venía a ser más democrático, ha demostrado que tenía una manejo unipersonal y sesgado porque hizo nombramientos sin consultar”, agregó.
En este sentido, Gil Domínguez destacó la capacidad de construir consensos que tuvo Lorenzetti durante los 11 años que condujo la Corte, incluso con una conformación más numerosa que la actual.
“Lorenzetti presidió una Corte en la que generó consenso con siete miembros de alto vuelo. Hasta ahora, Rosenkrantz se devoró la legitimidad de origen”, recordó el letrado. “Yo veo que, más que dos concepciones políticas, se enfrentan dos concepciones del derecho”, concluyó.
