La vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró “una buena noticia” el arresto del ex presidente catalán Carles Puigdemont, ayer en Alemania.
“Creo que a los demócratas que confiamos en el Estado de derecho nos tranquiliza ver que las instituciones funcionan y que en este país todos somos iguales ante la ley y nadie puede infinitamente seguir burlándose de la Justicia”, manifestó funcionaria número 2 del gobierno de Mariano Rajoy.
La de Sáenz de Santamaría fue la primera declaración del gobierno español desde la detención de Puigdemont y frente a las protestas e incidentes que se produjeron en Barcelona.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, destacó hoy la validez del Estado de derecho en España. “La Justicia en España, igual que todos los países de la Unión Europea, es igual para todo el mundo. Todos tenemos la obligación de cumplir las leyes”, manifestó Zoido, en rueda de prensa, según consignó la agencia internacional DPA.
Zoido desmintió cualquier motivación política de las causas judiciales abiertas contra Puigdemont y los dirigentes independentistas de Cataluña, que tiene 25 procesados por rebelión y malversación de fondos públicos. Hay nueve que tienen prisión preventiva, seis de los cuales están prófugos.
“En España hace ya mucho tiempo que no existen presos políticos”, aseguró Zoido. “Nuestro sistema de libertades está garantizado no solo en la Constitución, sino también en la división de poderes que, afortunadamente, tenemos en España”, sostuvo.
El funcionario cuestionó los disturbios producidos en las protestas de ayer contra la detención de Puigdemont, que terminó con unas cien personas heridas, 23 de ellas policías, y nueve detenidas. “No sé dónde estaban los del movimiento separatista, que decían que eran pacíficos y no iban contra nadie”, disparó.
Puigdemont fue detenido ayer tras cruzar la frontera norte de Alemania en un coche, cuando regresaba a Bruselas, donde estaba exiliado.
El Tribunal Supremo de España había reactivado el viernes una orden de captura contra el presidente independentista, que fue destituido el 27 de octubre y tenía pedido de captura de la Justicia española desde el 3 de noviembre.
Un juez de primera instancia del estado alemán de Schleswig-Holstein tiene 24 horas para decidir si Puigdemont sigue preso y se inicia un proceso a cargo de la Fiscalía Federal de ese estado alemán o si es extraditado a España.
(Con información de Télam)