Hoteles K: inhibidos y con veedores

Para las empresas Hotesur, Valle Mitre e Idea, el juez federal Julián Ercolini dispuso también la prohibición de innvoar la composición accionaria de esas firmas y la distribución de dividendos.

El juez federal Julián Ercolini dispuso hoy la intervención judicial de las empresas Hotesur, Valle Mitre e Idea, vinculadas a la familia de la ex presidenta Cristina Fernández y al empresario patagónico Lázaro Báez, en el marco de la causa Hotesur, en la que se investiga un supuesto caso de lavado de dinero.

Ercolini designó veedores en las empresas implicadas, la inhibición de bienes y la prohibición de no innvoar en la composición accionaria de esas firmas y la distribución de dividendos.

Las medidas fueron solicitadas por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, solicitaron que se dispusiera la intervención judicial de las empresas Hotesur SA, Valle Mitre SA e Idea SA.

Ercolini designó a dos veedores, integrantes de  de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el término de seis meses, decretó la prohibición de innovar la composición accionaria de las sociedades implicadas así como la prohibición para distribuir los dividendos de estas empresas.

Los fiscales señalaron en su solicitud que  los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner adquirieron los hoteles Alto Calafate (perteneciente a la firma Hotesur SA), La Aldea del Chaltén (de la sociedad Los Sauces SA), y la Hostería Las Dunas (actualmente propiedad de Máximo y Florencia Kirchner), con los que luego se canalizaron “fondos sustraídos junto a Lázaro Báez a través de la adjudicación irregular de la obra pública en Santa Cruz”.

“La segunda fase del proceso habría consistido en la interposición de la empresa Valle Mitre para que se ocupara de la explotación de los tres hoteles”, expusieron los fiscales y agregaron que la sociedad habría funcionado como una “pantalla” entre el empresario Báez y la familia presidencial. “La mecánica se habría ejecutado mediante la falsa contratación de habitaciones y salones, la simulación de acuerdos para que prestaran servicios de consultoría integral y marketing y supuestos contratos para la construcción”, detalla la resolución de Ercolini.