La titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, fue imputada penalmente por una resolución en la que desvinculó al presidente de la Nación, Mauricio Macri, de haber cometido alguna falta ética en la causa del Correo Argentino.
La imputación provino de la fiscal federal Paloma Ochoa, que pidió una serie de medidas de prueba, tras analizar la denuncia presentada el 17 de octubre por diputados nacionales del Frente Renovador Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau. Alonso fue denunciada por los posibles delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia. La causa quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
“Resulta imputada en autos Laura Alonso. Ello sin perjuicio de que con el devenir de la investigación se formulen otras imputaciones”, requirió Ochoa en su dictamen.
En la denuncia, los legisladores consideraron que la resolución 2018-24 persigue la “evidente finalidad de desligar de responsabilidades” a Macri; al ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa.
En el dictamen, Alonso sostuvo que ninguno de los tres funcionarios incurrió en faltas éticas durante su intervención en el caso Correo Argentino, en el que se busca llegar a un acuerdo entre la compañía y el Estado Nacional por el canon adeudado desde 2001, que originalmente ascendía a 296 millones de pesos.
La gestión de Macri llegó a un acuerdo de pago, pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín se opuso por considerarlo “abusivo y perjudicial” para el Estado ya que no se le aplicaban intereses e implicaba una condonación del 98,2 por ciento de la deuda.
“No se advierte en el caso ninguna vulneración a las normas de ética en el ejercicio de la función pública por parte del Señor Presidente de la Nación”, sostuvo Alonso en el análisis del caso. La empresa de correo de postal era propiedad del grupo SOCMA, de Franco Macri, el padre del primer mandatario.
La denuncia de los legisladores del Frente Renovador sostiene que la titular de la Oficina Anticorrupción “soslayó deliberadamente información que comprometía al presidente de la Nación”.
“El presidente no contaba con la facultad de tomar decisiones sobre la empresa que tuvo durante tantos años y continúa teniendo a su cargo, es decir que hubo faltas a la ley de ética pública en cuanto a la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del presidente, que buscaba saldar su deuda con el Estado de su concurso preventivo”, consideraron.
