La minera Barrick Gold ya tiene vía libre para operar en San Juan, después del último derrame ocurrido en marzo. El juez Pablo Oritja decidió levantar la medida cautelar que tenía frenada la actividad en Veladero, lo que despertó la bronca de los militantes ambientalistas y de los habitantes de Jáchal, el pueblo más cercano a la mina.
“Se ha realizado en control adecuado y las obras necesarias para que la mina funcione adecuadamente”, dijo Oritja, en diálogo con Radio Light FM. El magistrado aseguró que la empresa canadiense cumplió con todas la obras solicitadas después de una seguidilla de derrames el último en marzo de este año.
Desde la asamblea Jáchal No Se Toca, expresaron la bronca por la resolución del juez, al que calificaron como “cómplice de ecocidio”. “Acaso no fueron suficientes los derrames para cerrar el emprendimiento, no es suficiente sabiendo que durante estos mas de 10 años de explotación jamás, pero jamás revisaron el estado de las cañerías, y que por arte de magia hoy tuvieron que cambiar algunas (no todas, esas seguro que son para el próximo derrame). No existe justicia para el pueblo, solo opresión, contaminación e indiferencia del Estado”, afirmaron.
El abogado Enrique Viale, integrante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, sostuvo que Oritja levantó la medida cautelar sin hacer siquiera una inspección ocular a la minera.
En tanto el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable Sergio Bergman aseguró que su cartera seguirá “ejerciendo el control sobre el ambiente”.
“Si bien fue a partir de nuestra demanda que la Justicia impidió que Barrick siga funcionando, ahora debe validar que se hayan cumplido todos los procedimientos y que se preserve el ambiente tal como lo estipula el artículo 41 de la Constitución Nacional”, aseguró el ministro.
La medida judicial ocurre a pocos días de que el diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Juan Carlos Giordano, presentará un proyecto de ley para expulsar a Barrick Gold del país. Entre otros puntos, la iniciativa impulsa la creación de una empresa estatal gestionada por los trabajadores actuales de la minera, los habitantes de Jáchal y técnicos ambientalistas, para restaurar los daños en el medio ambiente ocurridos en la zona.
