La compra de los trenes rotos, a juicio oral

El ex ministro de Planificación y actual diputado kirchnerista está procesado por administración fraudulenta agravada.

El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa contra el ex ministro Julio De Vido por la compra de trenes a España y Ecuador, en la que está preso el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

Se trata del segundo juicio que deberá enfrentar De Vido, ya que el próximo 27 de setiembre estará en los tribunales por su responsabilidad en la tragedia de Once.

En este caso, De Vido está procesado por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública. Ercolini rechazó los planteos de la defensa del ex ministro y actual diputado kirchnerista, y elevó la causa a juicio oral. Ahora, será la Cámara Nacional de Casación la encargada de sortear el tribunal que estará a cargo de la próxima instancia judicial.

Ercolini, titular del Juzgadoo Criminal y Correccional Federal N° 10, señaló en su resolución que “durante el período comprendido entre el 8 de julio de 2004 y el 6 de marzo de 2012”, De Vido junto con el entonces  integrante de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), Carlos Retuerto Castaño, “diseñaron e implementaron un plan de modernización ferroviaria que, mediante la suscripción de una serie de actos jurídicos, determinó un perjuicio patrimonial a la administración pública”.

“Concretamente fueron celebrados acuerdos,contratos y adendas, entre el Estado Nacional y las empresasespañolas Sociedad Mercantil Estatal Española Expansión Exterior S.A. (EE), Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE) y Ferrocarriles Vía Estrecha (FEVE), así como con la empresa Caminhos de Ferro –Portugueses (CFP) de la República de Portugal que, escudándose en el estado de emergencia que presentaban los servicios de los ferrocarriles argentinos (…) determinaron la compra por parte del Estado de material ferroviario cuyo precio y utilidad fueron claramente perjudiciales -y en muchos casos inservibles- para el patrimonio nacional y para el parque ferroviario”, detalló el magistrado.

Asimismo, Ercolini argumentó que el Estado nacional pagó una cifra “exorbitante de euros” a las empresas españolas (EE, RENFE y FEVE). En rigor, el escrito judicial que el pago ascendió a 76.313.108.85 de euros. Además,  la firma Caminhos de Ferro Portugueses recibió un total de euros 25.639.896 de euros por “material rodante adquirido de una calidadevidentemente inferior a la del valor pagado”.

(Con información de DyN)