La Corte Suprema de Justicia sorprendió ayer con un fallo que pidió a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso que realice una auditoría en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado por la filtración de las conversaciones telefónicas entre la ex presidenta Cristina Fernández y el ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli.
El Máximo Tribunal requirió, además, informes al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a cargo de la causa que investiga la filtración de las conversaciones telefónicas, que todavía se siguen difundiendo en medios de comunicación.
“Toda vez que la filtración y publicidad de interceptaciones telefónicas efectuadas en el marco de la causa CFP481/2016 dieron origen al inicio de actuaciones judiciales, las que se encuentran en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n°6 causa 1517/2017, caratulada “NNs/averiguaci6ndedelito”-, corresponde solicitar a su titular que informe a este Tribunal el estado en el que se encuentran las investigaciones”, apuntó el requerimiento de la Corte.
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Las filtraciones, denunciadas por Parrilli, se produjeron en el marco de la causa 481 / 2016, a cargo del juez Ariel Lijo, que investiga el presunto encubrimiento por parte del ex funcionario para favorecer y proteger el paradero de Esteban Ivar Pérez Corradi mientras estuvo prófugo de la Justicia.
La Corte pidió una auditoría al Congreso e informes a Canicoba Corral para que de cuenta de “si se han detectado circunstancias que permitan atribuir algún tipo de responsabilidad de los agentes de aquella Dirección, si existe alguna observación respecto a la forma en la que se desarrollan las tareas que fuera susceptible de afectar los principios de transparencia, confidencialidad y custodia, así como cualquier otro elemento que considere relevante para la consideración de este Tribunal”. “Esto en la medida en que no afecte la investigación y sin que implique una injerencia en la tramitación de la causa”, aclaró el requerimiento de la Corte.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso aún no se conformó ni tiene fecha para la primera reunión del año ya que la Cámara Baja aún no entregó la nómina de diputados que integrarán el cuerpo.
De parte del Senado, uno de los senadores que lo integrarán será Roberto Basualdo, del bloque Producción y Trabajo, propuesto, además, como presidente.
“Hay que estudiarlo bien. Una vez que la comisión esté conformada, vamos a estudiar el reglamento para ver si corresponde o no que investigue el Congreso”, indicó Basualdo, en declaraciones a Diario Vivo.
El senador explicó que la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia “tiene el control de las llamadas con orden judicial”. “La Comisión evalúa si la intervenciones que se hacen tienen o no orden de un juez”, apuntó.
No obstante, en el caso de las comunicaciones entre Cristina Fernández y Parrilli, la Corte pidió investigar por qué se filtraron las llamadas.
“Habrá que ver por qué no hubo el suficiente hermetismo, por qué hubo filtraciones, pero tenemos que analizar primero si corresponde a la Comisión”, señaló Basualdo.
