Tras resolver sobre la medida cautelar que impedía que los jueces y funcionarios judiciales paguen impuesto a las Ganancias, la Corte Suprema desestimó los recursos de queja presentados por la familia de Santiago Maldonado y por la dirigente Milagro Sala para que intervenga en dos decisiones de segunda instancia.
En su acordada de hoy, el máximo tribunal rechazó hoy el pedido presentado por la familia de Maldonado para que un grupo de expertos independientes supervise y coadyuve en la investigación de la muerte del joven, que falleció ahogado en el río Chubut el 1 de agosto del año pasado, en circunstancias que aún se investigan.
La causa está a cargo del juez federal de Esquel, Gustavo LLeral, y el reclamo de la familia Maldonado busca garantizar “una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente”.
Los abogados querellantes apelaron la decisión del magistrado de instrucción, que fue el primero en rechazar el pedido por entender que es a los jueces a quienes corresponde asegurar el ejercicio imparcial de la jurisdicción. La decisión fue convalidada por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y, después, por la Sala IV de la Cámara Federal Casación Penal.
Los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti desestimaron hoy la queja interpuesta por considerar que “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
Por otra parte, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja interpuesto por la defensa de la dirigente social Milagro Sala para que revise su condena por el “escrache” al actual gobernador de Jujuy y ex senador Gerardo Morales, ocurrido en 2009.
Nuevamente, los ministros Rosenkrantz, Highton, Maqueda, Lorenzetti y Rosatti desestimaron la queja por considerar que “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
La defensa de la líder de la Tupac Amaru apeló la sentencia del Tribunal Oral Federal de Jujuy por “daño agravado”, que fue luego fue confirmado por la Cámara Federal de Casación Penal. A la vez, ese tribunal revocó la decisión que había considerado prescripta la acción penal por amenazas.
