La Oficina Anticorrupción (OA) dictaminó sobre la situación del ministro Luis Etchevehere por la “retribución excepcional” de 500.000 pesos que recibió de la Sociedad Rural Argentina (SRA) el 16 de noviembre, cinco días antes de su designación a frente de la cartera de Agroindustria.
En su dictamen, la O.A. determinó que “no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública (art. 2 Ley 25.188 y 9º Decreto 41/99)”.
No obstante, el órgano que conduce Laura Alonso resolvió el “archivo de la actuaciones”, teniendo en cuenta que Etchevehere devolvió la suma otorgada por la SRA, de la que era presidente hasta ser designado ministro de Agroindustria, el 31 de octubre último.
“Habiendo procedido el señor Ministro, en el trascurso de este procedimiento, a devolver a la Sociedad Rural Argentina la retribución excepcional, cumplido lo dispuesto en el artículo 2º de esta resolución, procédase al archivo de las actuaciones”, estableció.
“El pago analizado -hoy devuelto- no resultó acorde a los deberes de evitar cualquier ostentación que pudiera poner en duda su honestidad o su disposición para el cumplimiento de los deberes propios del cargo y de abstenerse de toda conducta que pueda afectar su independencia de criterio para el desempeño de las funciones”, sostuvo la O.A. en sus consideraciones. “Asimismo, debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores”, agregó.
La resolución de la O.A. también “recordó” a Etchevehere su “su deber de abstenerse de intervenir en ejercicio de la gestión pública, en cuestiones particularmente relacionadas con la Sociedad Rural Argentina y obrar
conforme al deber de prudencia en las decisiones generales que adopte en lo sucesivo y que pudieran impactar de algún modo respecto de la citada institución”.
Por último, el órgano ordenó remitir su dictamen al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, donde tramita la causa que investiga a Etchevehere por “dádivas”, “negocios incompatibles con la función pública” y “administración fraudulenta”.
La denuncia fue impulsada por el abogado el abogado Leonardo Martínez Herrero.
