La O.A. investiga malversación de fondos en el INCAA

El organismo que conduce Laura Alonso analiza la documentación recibida con una denuncia anónima, que indica que se habrían usado 6.487.600 pesos del INCAA en gastos de imprenta”.

La Oficina Anticorrupción (OA) analiza la documentación presentada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) sobre una supuesta maniobra de malversación de fondos en gastos en materiales gráficos.

“La OA está trabajando en la presentación del INCAA. Se ha acumulado a otra que investigamos y denunciamos oportunamente en los tribunales federales penales, dado que aparecieron mismas personas en maniobras similares”, indicó la  titular del organismo, Laura Alonso, en declaraciones a la agencia de noticias Télam.

Según una denuncia anónima, entre enero y abril de este año, “se habrían malversado fondos del INCAA por 6.487.600 pesos en gastos de imprenta, originados en requerimientos de la Gerencia de Relaciones Internacionales”.

En la O.A indicaron que “un equipo de análisis e investigación” está trabajando sobre la documentación recibida a través de una denuncia anónima y que, entre esta semana y la próxima”, concluirá “el informe interno de actuación, sugiriendo el temperamento a seguir”.

Las sugerencias podrían ser profundizar la investigación, “requiriendo nueva información al INCAA o a terceros”, o presentar la denuncia ante la Justicia penal.

La denuncia anónima comenzó a circular el 11 de mayo último, pero recién se dio a conocer el fin de semana último, cuando fue confirmada por el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto.

En paralelo a la investigación de la O.A., se iniciaron sumarios internos en el INCAA y se concretaron “suspensiones, renuncias y desplazamientos”.

Hace un año, como consecuencia de otra presentación, la O.A. presentó una denuncia penal contra los ex titurlares del INCAA Alejandro Cacetta, Liliana Mazure (actual diputada nacional por el FpV-PJ) y María Lucrecia Cardoso, por presunta “defraudación por administración fraudulenta” y “defraudación contra la administración pública”.

 

(Con información de Télam)