La Sala II de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional ordenó al juez federal Luis Rodríguez a requerir al Congreso el desafuero y la detención del actual diputado nacional Julio De Vido en el marco de la causa que investiga fraude a la administración pública en el manejo de los fondos destinados a la reconstrucción de la mina de carbón Río Turbio, en Santa Cruz.
Con el voto a favor de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia y la disidencia de Eduardo Farah, la Cámara Federal dispuso la detención y pidió el previo desafuero del ex ministro de Planificación Federal.
“A la hora de examinar la presencia de riesgos procesales no corresponde limitar el análisis al arraigo o la manera en que los involucrados se comportan formalmente en el proceso penal”, argumentaron los jueces Irurzun y Bruglia.
“Resulta especialmente relevante determinar si existen datos reales, concretos y objetivos que permitan razonablemente presumir que los lazos funcionales tejidos al amparo del acuerdo criminal se encuentran aún vigentes y pueden estar siendo utilizados en perjuicio de la investigación penal“, agregó el fallo.
La causa, a cargo del juez federal Luis Rodríguez, investiga la presunta malversación de fondos públicos destinados a la reconversión de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), que habrían causado un perjuicio al Estado de alrededor de 265 millones de pesos.
Según la imputación del fiscal Carlos Stornelli, la maniobra se llevó a cabo a través de una “triangulación contractual” entre “YCRT, la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Fundación de la Facultad Regional de Santa Cruz, con la actuación, además, de numerosos funcionarios públicos de diferentes niveles jerárquicos del Ministerio de Planificación Federal de la Nación y las Municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos”.
Stornelli pidió el desafuero y la detención de De Vido a comienzos de julio, para indagarlo. Pero, Rodríguez no hizo lugar al requerimiento. En septiembre último, el fiscal de la Cámara Federal en los Criminal y Correccional, Germán Moldes, insistió en el pedido.
“Las circunstancias alegadas por el fiscal para sustentar la restricción ambulatoria de De Vido se encuentran suficientemente objetivadas en la encuesta”, coincidieron Bruglia e Irurzun.
Farah, en cambio, pidió el desafuero del diputado nacional del Frente para la Victoria y pidió medidas de prueba para su indagatoria, pero no requirió el arresto.
“Todo indica que las posibilidades de enfrentar nuevas interferencias -o continuar otras- aún permanecen vigentes“, sostiene el fallo. “Se verifican en derredor de De Vido indicios de entidad suficiente como para presumir que su libertad constituye un riesgo para el proceso en curso, su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación”, resume.
A fines de julio, la Cámara Baja no aprobó la iniciativa impulsada por el oficialismo y el Frente Renovador para excluir a De Vido “por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación”.
(Con información de DyN)
