La Oficina Anticorrupción, “en su carácter de Autoridad de Aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública”, informó que “requerirá aclaraciones” al subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, “en virtud de la información publicada por distintos medios de comunicación“.
“Además, la Oficina Anticorrupción solicitará autorización para proceder a la apertura de los anexos reservados de las declaraciones juradas del funcionario”, indicó la Oficina Anticorrupción esta mañana, en un comunicado.
La reacción del órgano de control que conduce Laura Alonso sobrevino a la investigación publicada hoy por un diario El País de España, que revela que, hasta noviembre de 2014 y cuando ya desempeñaba cargos públicos, Díaz Gilligan administraba una cuenta en la Banca Privada de Andorra como titular de la sociedad Line Action.
La Oficina Anticorrupción también requerirá información a la Unidad de Información Financiera (UIF); al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para que informe si, en ese ámbito, el funcionario estaba obligado a presentar declaraciones juradas, y a la Banca Privada d´Andorra (BPA).
“Según la ley vigente, los funcionarios deben declarar el patrimonio que poseen al momento de asumir el cargo y sus antecedentes laborales de los últimos 3 años”, aclaró el órgano, respecto de los requerimientos a los que están obligados los funcionarios por la Ley de Ética Pública.
EL FUNCIONARIO ASEGURÓ QUE NO ERA UNA “OFFSHORE” Y QUE FUE CREADA PARA INSTALAR GOLTV
Valentín Díaz Guilligan aseguró que la sociedad de la que estuvo a cargo entre 2012 y 2014 “no es una offshore” utilizada para ocultar activos y que formó parte del directorio con el objetivo de instalar en Argentina la señal GolTv, del empresario uruguayo Francisco “Paco” Casal.
“No es una off shore, es una empresa radicada en Londres, con todos los papeles e impuestos al día. En 2014, solicito salir del puesto de director porque ya había cumplido una etapa y no habíamos podido cumplir el objetivo de instalar la señal de televisión en Argentina. Pero tampoco era una actividad incompatible con la función pública. Yo la pedí porque me pareció que no se había cumplido el proyecto”, explicó.
Por su parte, en un impasse realizado durante el encuentro del Gabinete nacional en la ciudad balnearia de Chapadmalal, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, defendió a su subsecretrio.
“Él no tiene un empresa offshore. El asesoró a distintas compañías, nacionales y extranjeras. Nosotros estamos tranquilos con las explicaciones que viene dando y, como siempre, la información está a disposición de la Justicia y la Oficina Anticorrupción”, manifestó el funcionario.
